A fines de la semana pasada se conocieron los detalles de las nuevas bases de licitación para la construcción y operación de la Fibra Óptica Austral.
Así, los más de 3.953 kilómetros que abarcará la conexión entre Puerto Montt y Puerto Williams contempla cuatro troncales, una submarina y tres terrestres, a las cuales las compañías podrán postular en forma separada o conjunta, según estimen.
El concurso que se declaró desierto en 2016, esta vez acogió las demandas de las empresas que pidieron aumentar la competitividad.
Por eso, se incorporaron 56 modificaciones que se concentraron en seis áreas clave con el fin de motivar a las compañías a presentar sus propuestas hasta el 17 de julio.
Uno de los puntos es la posibilidad de crear consorcios nacionales o internacionales para su postulación. Si bien en las bases anteriores esto no estaba excluido, no se establecía explícitamente, dando incertidumbre en la postulación.
A esto se sumó que los documentos oficiales del llamado tampoco contaban con una versión en inglés, lo que dificultaba la participación de firmas internacionales.
Estos puntos fueron subsanados, a los que se sumó cambios en el modelo de subsidio.
Esta vez se exigió que sea una fibra óptica abierta, no discriminatoria y de alta de capacidad. El subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, explicó que la licitación se centrará en la construcción y la provisión del servicio, “pero quien se lo adjudique tendrá que ofertar precios y en iguales condiciones para que otros operadores puedan tener acceso y aumentar la competencia hacia el cliente final”, comentó.
Otro punto importante fueron el ajuste en las contraprestaciones. En el primer llamado se estableció que el operador debía destinar gratuitamente 25% de su capacidad para instituciones estatales.
Este punto generó la disconformidad de las compañías, dado que el principal cliente de estas zonas son este tipo de entidades. Así, no sólo se redujo a 20% la capacidad, sino que se especificó que estas contraprestaciones no solo serán realizadas a través del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, sino que además tendrán una tarifa mínima. Su valor dependerá de la compañía, la que además obtendrá puntaje en el proceso de evaluación.
Las tarifas fue el otro ítem que se modificó. Mientras en 2016 se fijó un monto, esta vez se dejó al arbitrio de las compañías, para que presenten sus mejores ofertas. Estas deberán contener una estructura de costos que justifiquen el subsidio y regirán por un periodo de cinco años, aplicando al sexto año la fijación tarifaria que rige al resto de la industria.
Finalmente se estableció un anticipo por etapas en las boletas de garantías y los montos se redujeron en 20%, acogiendo una solicitud de la industria.
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