Más de un año estuvieron en distintas conversaciones para el ingreso de un socio pero, finalmente, el martes pasado, la cuerda se cortó.
Es así como Distribuidora Rabié, una de las empresas más emblemáticas de la Octava Región, inició el proceso para declararse en quiebra, luego de que la última negociación que mantenían con un interesado no llegó a puerto. Tras esto, los bancos decidieron no entregar más recursos para que la firma pudiera seguir operando, con lo cual la situación se hizo insostenible.
Desde la compañía señalaron que desde que fracasó el intento de asociación con la familia Said Handal, tanto la operación como encontrar un nuevo inversionista se hicieron cuesta arriba. Y a pesar de que hubo conversaciones con otros interesados, como la matriz de Cruz Verde, Socofar, y el grupo Prisa, el precio fue la principal piedra de tope en el proceso.
Según el documento ingresado al 22 Juzgado Civil de Santiago, el empresario Jorge Rabié solicita que se declare la quiebra de la compañía, individualizando como los tres principales acreedores a los bancos BCI y Santander, además de Unilever.
Y todas las razones que se esgrimen para esta solicitud tienen como origen el terremoto de 2010. “(Tras él) se produjo el incendio y destrucción de las bodegas de Rabié, ubicadas en Chillán Viejo, además de producirse cuantiosos daños en las oficinas de la administración central, lo que produjo su inhabilidad por un periodo muy relevante de tiempo”, señala el escrito.
Luego, explica que para darle continuidad operativa al negocio se estableció un plan de contingencia, para atender a sus clientes, lo que repercutió en menores ventas y deterioro de imagen. “En consecuencia, los efectos de estos daños fueron millonarios, ya que generaron gastos extraordinarios, pérdidas y un importante aumento del nivel de endeudamiento de Rabié, (...) todo lo cual se tradujo en un deterioro progresivo y cada vez más profundo de la situación financiera y económica”, agrega.
Acción contra aseguradoras
A pesar de que la compañía mantenía seguros comprometidos por los daños relacionados al terremoto, según detalla el empresario, el monto que les fue reembolsado no alcanzó a cubrir la real cuantía del perjuicio.
“Todo lo cual, y hasta la fecha, llevó a que Rabié haya iniciado una acción judicial contra Chilena Consolidada Seguros Generales y otras compañías, cuyo conocimiento está radicado ante el árbitro Juan Pablo Appelgren, y en el que la pretensión consiste en que las demandadas paguen varios miles de millones de pesos, proceso actualmente en tramitación”, puntualiza el escrito.
Según trascendió desde la compañía, con la solicitud de quiebra se espera que una vez que sea nombrado el síndico e individualizados los acreedores, se pueda dar la continuidad de giro, y que se mantenga a la mayoría de sus 1.500 empleados.
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