Borrón y cuenta nueva. Eso podría hacer la Subsecretaría de Telecomunicaciones con el trabajo iniciado por el exsubsecretario Rodrigo Ramírez con las empresas de telecomunicaciones con miras a fijar los criterios bajo los cuales se determinará si cumplen con la ley de velocidad mínima de internet, promulgada en octubre.
La exautoridad se había reunido con las compañías y dejó una minuta ténica de “consenso” donde se establecían cronogramas, ámbitos a considerar y la naturaleza de la entidad que medirá y analizará estos índices.
“Esta subsecretaría ha conformado un equipo multidisciplinario y se ha elaborado un Plan de Trabajo liderado por la División de Política Regulatoria que detalla las actividades para desarrollar la reglamentación, el cual asigna diversas tareas al equipo, permitiendo elaborar el reglamento de manera coordinada”, dice el documento y agrega “que se han llevado a cabo numerosas reuniones con actores para hacer un levantamiento de todos los antecedentes”.
Desde la actual administración aseguraron que se reevaluará todo. “Es una propuesta muy preliminar de la administración anterior y reevaluaremos su contenido en cuanto a condiciones técnicas, plazos, metodología y parámetros para este reglamento que implementará la Ley de velocidad mínima”, dijeron desde la Subtel.
El diálogo con los privados es clave para despejar las aprehensiones que hay al interior de la industria sobre cómo se garantizará la velocidad y así evitar una escalada de conflictos con los usuarios. Temas como medición por tramos, la profundidad alcance de los rankings que hará el organismo externo y cómo se abordarán la navegación móvil y fija, son algunas preocupaciones.
Las empresas reconocieron acercamientos con la exautoridad, pero aclaran fueron “iniciales” y aún resta el grueso del trabajo. Las empresas agrupadas en Atelmo, contrataron estudios para hacer una propuesta a la autoridad, los que estarán listos en abril.
Algunos avances
En la industria explicaron que hubo avances en algunos parámetros, como separar internet fijo y móvil, y el modelo de financiamiento a través de privados de la entidad externa que hará las mediciones, similar a como ocurre con la portabilidad.
“Vemos positivo el diálogo público-privado, ya que benefician a los usuarios y da continuidad a la sostenibilidad y desarrollo de esta industria. Creemos que se debe recoger y plasmar la realidad de las redes, la naturaleza inalámbrica de los servicios móviles y sus limitaciones técnicas y esto hay que conciliarlo con las expectativas de los clientes”, comentó Cristián Salgado, director Legal y Regulatorio de Claro.
Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, coincide que debe haber distinción en los tipos de navegación “ya que su naturaleza es distinta. La móvil depende de la cobertura, tecnologías del terminal (2G, 3G y 4G) y la red que da el acceso, por eso la oferta de estos planes no son por tecnología, ni velocidades, sino que se vende una capacidad. Esto es fundamental para evitar sobre expectativas y conflictos con los usuarios”, dijo.
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