El denominado pacto fiscal, que el Gobierno está empeñado en aprobar en el Congreso, no contempla solo cambios tributarios. En el marco del trabajo prelegislativo con los partidos oficialistas y de oposición, el Ministerio de Hacienda se comprometió no solo a considerar modificaciones de impuestos, sino que también a incorporar medidas para impulsar el crecimiento, mejorar la productividad de la economía y reforzar el control sobre el buen uso de los recursos públicos.
Y aquel compromiso ya se materializó en los últimos días, ya que el pasado 23 de abril el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la nueva Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad.
Esta nueva institución viene a reemplazar a la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), creada en el año 2015, y también asumirá algunas funciones que actualmente recaen en la Dirección de Presupuestos (Dipres), por lo que centralizará todo lo relacionado con evaluación de eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos del Estado, así como las buenas prácticas regulatorias para aumentar la productividad y el crecimiento económico.
“También potenciamos el acceso a información de parte de otras instituciones, como el SII, el Seguro de Cesantía o el Registro Social de Hogares. Desde la experiencia de haber evaluado muchos programas en el pasado, es clave tener la información de manera oportuna”.
“El objetivo de este proyecto es justamente potenciar la institucionalidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Productividad. Y en ese potenciamiento, llevarlo a un status distinto”, explica a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
Los principales cambios
La nueva entidad tendrá siete actividades principales.
La primera es que se encargará de la evaluación ex post de los programas estatales, tomando así una potestad que hoy recae en la Dipres.
Según detalla Berner, aquello se realizará sobre la base de un Plan de Evaluación de Resultados, para cuya elaboración la agencia deberá consultar a ministerios y a la comisión especial mixta de Presupuestos del Congreso. Las evaluaciones derivarán en un informe final que incluirá resultados, hallazgos, una categoría de desempeño y sugerencias para optimizar políticas, planes y programas.
La subsecretaria explica que con esto se busca alinear las evaluaciones de programas y sus resultados con las necesidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Asimismo, señala que la idea es lograr que cada año se evalúe cerca del 25% de los programas estatales, llegando a un 100% de cobertura al cabo de cuatro años.
“Eso no lo podrías hacer si esa facultad sigue estando dentro de la misma Dipres. Es importante que la agencia tenga su propia institucionalidad para efectos de la evaluación”, dice la economista.
Una segunda actividad será la promoción de buenas prácticas regulatorias, fijando objetivos y lineamientos para mejorar la gestión y calidad normativa, así como el monitoreo de su implementación en base a principios como “proporcionalidad, responsabilidades, transparencia e innovación”, sostiene el proyecto.
La agencia también estará a cargo de la evaluación de impacto regulatorio ex-ante. O sea, entregará un análisis sobre el impacto económico de determinados proyectos de ley de iniciativas presidencial y decretos supremos.
Aquí, la agencia tendrá una facultad similar a la del Ministerio de Economía y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) hoy con los denominados informes de impacto regulatorio.
Remover barreras
Una cuarta función que tendrá a cargo la agencia será el entregar recomendaciones sobre problemas públicos y de productividad.
¿Qué significa esto? Que se faculta al nuevo organismo para evaluar y formular recomendaciones sobre políticas públicas, abordando obstáculos regulatorios y de gestión que afecten la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.
Otra facultad es que la agencia emitirá un Informe Anual de Productividad, que se dará a conocer anualmente basado en los procesos de evaluación y los demás estudios e informes que realice la agencia.
Las otras facultades serán la creación de planes de mejora para que las entidades implementen las recomendaciones de la agencia en los procesos de evaluación; y entregar al Presidente de la República un Informe Anual de Desempeño.
Las cifras detrás
La nueva agencia tendrá un gobierno corporativo colegiado, a través de un Consejo Superior integrado por cinco consejeros que durarán cinco años en sus cargos -pudiendo ser renovados en una sola ocasión-, siendo designados por el Presidente de la República previo concurso en Alta Dirección Pública (ADP).
Uno de los consejeros será el presidente o presidenta del consejo, actuando y siendo remunerado como jefe de servicio con jornada completa y dedicación exclusiva.
También se busca que el funcionamiento de la agencia sea autónomo del ciclo político.
Una diferencia respecto a la actual CNEP, es que los consejeros serán remunerados: percibirán una dieta de 12 UF ($ 447.252) por sesión, con un tope de 312 UF ($ 11,6 millones) por semestre.
Otro cambio relevante es que se rebustece la institución, ya que en la actualidad la CNEP cuenta con una dotación de 18 personas, la que se aumentará a 39 en la nueva agencia gracias al traspaso de funcionarios desde la CNEP y la Dipres. Esto, además de los cuatro consejeros y el titular del Consejo Superior.
De esta forma, el presupuesto en régimen de la nueva institución ascenderá a casi $ 3.000 millones (ver tablas).
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