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REGÍSTRATE AQUÍDaurio Speranzini Jr. es acusado de participar en un esquema ilegal de licitaciones en el sector de salud.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 5 de julio de 2018 a las 04:00 hrs.
La policía brasileña arrestó ayer al CEO de General Electric para América Latina, Daurio Speranzini Jr., quien es investigado por su presunta participación en un esquema fraudulento de licitaciones en el área de la salud.
El ejecutivo, quien presidía Philips Healthcare en Brasil cuando ocurrieron los hechos indagados, fue apresado en el marco de una operación que apunta a la formación de carteles, corrupción y lavado de dinero, entre otras acciones. El esquema, que involucraría a 37 empresas y habría funcionado entre 1996 y 2017, se habría aprovechado del abastecimiento de equipos médicos y materiales hospitalarios para la Secretaría de Salud de Río de Janeiro y el Instituto Nacional de Traumatología (Into).
El operativo policial emana del caso conocido como Lava Jato, que indaga el pago de sobornos para obtener contratos públicos con la petrolera estatal Petrobras.
La justicia del estado también decretó el bloqueo de activos por más de 1.200 millones de reales. Asimismo, autorizó al Ministerio Público para llevar a prisión preventiva a trece personas y concretar el presidio temporal de otras nueve, entre ellas Speranzini.
En un comunicado, GE aclaró que no es blanco de las investigaciones que involucran a su CEO, pese a lo cual está disponible para colaborar con las autoridades. Añadió que tiene confianza “en que los hechos serán aclarados por la justicia”.
Por su parte, Philips informó que los actuales líderes de la empresa no están bajo indagatoria y que “cualquier investigación sobre posibles violaciones de las leyes son tratadas muy seriamente por la empresa”.
Speranzini asumió el liderazgo de GE para la región en noviembre. Antes, lideraba el área de Ventas Globales.
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Un análisis del Estudio La Firma, integrada por exasesores del Ministerio del Trabajo, estimó que las modificaciones al diseño original de la iniciativa podrían reducir en cerca de 26% su potencial de creación de empleo femenino.