La huelga de camioneros en Brasil llegó ayer a su décimo día y cobró su primera víctima en la localidad de Rondonia, luego de que un conductor recibiera el impacto de una piedra en su cabeza. La Policía Federal indicó que esta es la primera muerte violenta registrada en el marco del movimiento que ha causado desabastecimiento de alimentos, insumos y combustibles en todo el país.
Mientras, un nuevo conflicto social desafiaba al presidente Michel Temer, a la principal empresa del gigante sudamericano y a una economía golpeada por el paro de la última semana.
La Federación Única de los Petroleros (FUP) decidió no acatar una orden de la máxima corte laboral del país, que declaraba su manifestación como ilegal, y emprendió su propio paro por 72 horas. Aunque la FUP aseguró que la actividad es sólo una advertencia, y que no representa riesgos para el desabastecimiento en este momento, dejó claro que si no son atendidas sus demandas, la huelga pasará a ser indefinida, con paralizaciones en la producción en las plataformas y refinerías.
La protesta aumenta la probabilidad de que las manifestaciones se propaguen a otros sectores, en la medida en que los brasileños manifiestan su frustración con un gobierno cada vez más impopular y una economía que sienten que aún no se reactiva, aun cuando los datos oficiales parecen indicar lo contrario.
Ayer, el gobierno reveló que el Producto Interno Bruto creció 0,4% entre enero y marzo -su cuarta expansión trimestral consecutiva- y un 1,2% frente al mismo período del año anterior.
Economía golpeada
Según el diario Valor, a pesar del resultado del PIB del primer trimestre, la cifra confirmaría la debilidad de la actividad económica en el período, con una desaceleración de la inversión, por el lado de la demanda, y el débil desempeño de la industria y de los servicios, por el lado de la oferta.
El crecimiento de 0,4% estuvo por encima de las proyecciones de los analistas, sin embargo el diario económico brasileño asegura que el dato está lejos de ser alentador.
Expertos estiman, además, que la alta conflictividad social -manifestada en principio con el paro de los camioneros- impactará la economía durante el segundo trimestre, echando por tierra la expectativa de una aceleración del PIB entre abril y junio, ad portas de la elección presidencial de octubre.
El crecimiento de la economía brasileña “fue tímido en un escenario nebuloso”, afirmó el economista del banco UBS, Fábio Ramos.
En una nota, la entidad financiera consideró que la combinación de incertidumbres con el paro de los camioneros, la campaña presidencial y un escenario externo menos favorable para los emergentes trae “una sensación de que es para peor”.
Sin embargo, Capital Economics considera que reducir los pronósticos de crecimiento del PIB para 2018 “puede ser prematuro”. “Lo realmente relevante es si el acuerdo negociado por los sindicatos y el gobierno se mantiene. De ser así, consideramos que el impacto económico podría ser menor de lo que muchos esperan”, aseguró la firma.
Y agregó: “la producción debería recuperarse en julio. Y los precios al consumidor debería caer en unos meses, evitando así un aumento sostenido en la tasa de inflación interanual”.
Nuevo desafío
Los trabajadores petroleros exigen, entre otros puntos, la reducción de los precios de los combustibles; la renuncia del presidente ejecutivo de Petrobras, Pedro Parente; y que se reviertan los cambios de precios basados en el mercado y otras políticas adoptadas por la compañía desde que Temer asumió el poder.
Sin embargo, el jefe de Estado dijo ayer que preservará la política de precios basados en el mercado que tiene Petrobras.
El líder de la FUP, José Maria Rangel, dijo que el Ejecutivo y las políticas de Parente estaban entregando la firma a inversionistas extranjeros, mientras que “los astilleros de Río de Janeiro están cerrados” debido a una tasa de desempleo que permanece cerca de máximos históricos.
Las sedes de Petrobras fueron militarizadas y quienes participen de la huelga podrían ser multados con 500 mil reales (US$ 134.200) al día. La paralización es el último desafío para la estatal, cuyas acciones se han desplomado casi 30% en dos semanas, en medio de temores de que una interferencia política haga retroceder medidas pro inversiones. Luego de haberse recuperado en bolsa el martes, ayer los papeles volvieron a caer 1,66%.
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