Cuando la actriz de cine chilena Daniela Vega viajó en marzo pasado a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Premios de la Academia, la gloria de Hollywood no era lo único que tenía en mente.
En cuestión de días, Vega se convertiría en una celebridad internacional por su papel en la cinta ganadora del Oscar "Una mujer fantástica" (mejor película extranjera); una intensa historia de amor sobre una cantante transgénero y las barreras sociales y oscurantismo a los que se enfrenta. Pero primero ella misma tuvo que enfrentar un poco de oscurantismo.
Tengo "un pasaporte que dice un nombre que no me corresponde", explicó hace poco Vega a un auditorio repleto en la Universidad Andrés Bello de Santiago. Vega se refería a la asignación de identidad de género de su pasaporte chileno basada en una anatomía que no eligió. Es una formalidad que puede convertir un simple control de seguridad –como le ocurre a su personaje en la pantalla– en una infamia pública.
"Afortunadamente, el mundo está en un momento maravilloso. Las viejas maneras están muriendo y está surgiendo una nueva ", dijo ante gritos y aplausos.
Así es el momento en Chile, una tierra marcada por su tradición católica romana y flemático conservadurismo social, pero también donde las preciadas nociones respecto de la familia, la fe, los derechos de género y la identidad sexual están bajo asedio.
Vega, una peluquera transgénero que estudió canto lírico en su tiempo libre antes de dedicarse a la actuación, es tanto un símbolo como un catalizador de este golpe cultural. Su argumento dice mucho acerca del cambio de convicciones en el país más exitoso de América Latina, donde la apertura y la innovación son veneradas, pero aún así es un trabajo en progreso.
"Chile ha estado durante mucho tiempo por detrás de la región en cuanto a justicia social", me dijo el experto en ciencias políticas del Amherst College Javier Corrales. "Lo bueno de esta película es que los chilenos pueden abordar los temas que plantea, pero sin celebración ni vergüenza".
En muchos sentidos, las mismas fuerzas sociales están operando en toda América Latina, que es ahora un amplio escenario para grupos de sociedad civil que presionan por redefinir los términos de la inclusión social y el compromiso político. Sus banderas varían, pero todas apuntan a revertir la situación en países donde los patriarcas alfa han tomado las decisiones.
Mujeres de Argentina, Brasil, Perú y otros lugares están impulsando gran parte del cambio, difundiendo campañas del estilo de #MeToo de Estados Unidos contra el acoso sexual y luchando contra la tolerancia de las autoridades a la violencia contra las mujeres. Su última victoria: la histórica votación de la Cámara de Diputados de Argentina de la semana pasada para despenalizar el aborto.
Es cierto que no todos los países están convencidos. A las mujeres latinoamericanas en general se les paga menos que a sus contrapartes masculinos y tienen menos presencia en cargos de liderazgo. El aborto sigue siendo un delito en muchos países latinoamericanos, sin permitir excepciones legales en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.
Incluso en Paraguay, donde se permite el aborto para salvar la vida de una mujer, una víctima de violación de 14 años murió en el parto a principios de este año después de que un tribunal dictaminara que debía llevar su embarazo a término.
Sin embargo, a pesar del tradicional dominio de la Iglesia Católica y el surgimiento de protestantes evangélicos ultraconservadores, el apoyo a la igualdad de género, el empoderamiento de los homosexuales y los derechos de las personas transgénero está creciendo.
Las uniones civiles entre personas del mismo sexo ahora son reconocidas en varios países de América Latina, mientras que el matrimonio homosexual es legal en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y partes de México. La reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio entre homosexuales probablemente ampliará esa tendencia.
Chile se ha resistido a la ola liberal. Anuló un código matrimonial de 1884 y legalizó el divorcio en el 2004, convirtiéndose en el último país de la región en hacerlo. Un proyecto de ley sobre el reconocimiento de los derechos de los niños de matrimonios del mismo sexo ha estado estancado en el Congreso desde el 2016.
Ahora, sin embargo, las causas de la no discriminación y la justicia social están en pleno auge. Bajo la presión de los manifestantes, el presidente Sebastián Piñera lanzó la Agenda Mujer para promover la "completa igualdad" entre hombres y mujeres. Las universidades se han comprometido a poner fin a la discriminación y el acoso a las mujeres, y a salvaguardar los derechos de los estudiantes transgénero.
Podría decirse que los chilenos estaban listos para el cambio. Mucho antes de que Vega se convirtiera en una diva nacional, las actitudes vagas del país hacia la identidad y los derechos de género ya estaban en retroceso, gracias en gran parte al impacto de dos casos legales históricos.
Hace más de una década, la jueza lesbiana Karen Atala Riffo interpuso una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile luego de que la Corte Suprema de ese país le adjudicara la custodia de sus tres hijas a su exmarido por considerar que ella era una madre no apta. Finalmente, en el 2012, el tribunal internacional dictaminó que los derechos humanos de Riffo habían sido violados.
Luego ocurrió la tragedia de Daniel Zamudio, un homosexual asesinado a golpes en un parque público en Santiago, ataque que sorprendió a los chilenos y condujo a la primera ley de crímenes de odio de Sudamérica.
Los recientes escándalos en la Iglesia Católica de Chile, donde altos clérigos han sido acusados de abuso sexual, han agravado la apreciación. Los obispos de Chile negaron los cargos y ofrecieron su renuncia colectiva –hasta ahora el Vaticano ha aceptado la renuncia de tres de ellos–, pero como sugieren redadas policiales realizadas a oficinas de iglesias a principios de este mes, el escándalo está lejos de haber terminado. No es de extrañar que la fe de los chilenos esté decayendo.
De alguna manera, la inusual cultura política de Chile ha ayudado al país a hacer frente a sus fallas. Mientras sus vecinos siguen discutiendo sobre "neoliberalismo", "capitalismo de estado" y otras declaraciones de fe, los devotos chilenos coinciden en su mayoría en los principios básicos que han mantenido el país envidiablemente estable, democrático y próspero: libre comercio, mercados más o menos libres, un estado austero pero no famélico, y un sistema judicial funcional.
Ese consenso, más índices comparativamente bajos de delincuencia y corrupción han permitido a los chilenos discutir otros asuntos relacionados con la calidad de vida, como la alta desigualdad de ingresos, la educación superior y, cada vez más, la exclusión social.
"Chile ha cambiado. Los jóvenes no solo esperan eficiencia sino igualdad, justicia para las mujeres y otros grupos discriminados", me dijo el psicólogo social Jaime Barrientos, que estudia política de género en la Universidad de Santiago, Chile.
Lo nuevo es que incluso los conservadores políticos, que nuevamente están en el poder, parecen estar reconsiderando algunas de sus ideas centrales. Sí, fue la expresidenta Michelle Bachelet, una socialista y franca defensora de las mujeres y los homosexuales, quien recibió a Vega y al equipo de filmación como héroes nacionales y, tras el Oscar, agilizó un proyecto de ley sobre los derechos de las personas transgénero.
Sin embargo, esa iniciativa –junto con leyes sobre crímenes de odio y uniones civiles del mismo sexo– fue introducida por su predecesor, el magnate derechista Sebastián Piñera (2010-2014), quien ahora volvió a la presidencia, sorprendentemente con el apoyo de votantes homosexuales conservadores.
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