El gobierno brasileño insistirá en nombrar como ministra de Trabajo a Cristiane Brasil, una diputada que ha sido condenada en la justicia por violar leyes laborales y que hoy fue vetada por la Corte Suprema.
Según afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun, el mandatario Michel Temer pretende "continuar la batalla jurídica", para lograr "el reconocimiento de la obvia prerrogativa del Presidente de nombrar a sus ministros".
La declaración de Marun fue la primera reacción del gobierno a una medida cautelar dictada esta madrugada por la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, que suspendió el acto en que hoy sería juramentada como ministra de Trabajo la diputada Brasil.
La legisladora, abogada de 44 años, fue procesada por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales y sin garantías laborales, y llegó a ser condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos US$ 18.750).
Esas violaciones de leyes laborales fueron ventiladas el pasado 3 de enero, cuando Temer la designó como nueva ministra de Trabajo en una decisión luego contestada por diversas asociaciones, como el Movimiento de los Abogados Laborales Independientes (Mati).
Un día después del nombramiento, un juez impidió que la diputada asumiera el cargo al aceptar las demandas que consideran que una persona condenada en un juicio laboral carece de condiciones "morales" para dirigir el Ministerio de Trabajo.
El gobierno brasileño apeló a esa decisión en tres diferentes tribunales de segunda instancia que mantuvieron la suspensión, revocada este sábado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Tras esa primera decisión favorable, el Ejecutivo anunció para hoy la toma de posesión de Brasil, luego bloqueada esta madrugada por la cautelar dictada por la presidenta del Supremo, que prolonga el conflicto entre el Gobierno de Temer y el Poder Judicial.
Cristiane Brasil debería reemplazar en el Ministerio de Trabajo al también diputado Ronaldo Nogueira, quien renunció el mes pasado para concentrarse en la campaña para las elecciones de octubre próximo, en las que intentará mantener su escaño en la Cámara baja.
Conforme a la legislación brasileña, todo político que ocupe un puesto en la administración pública y aspire a postular a un cargo electivo debe renunciar seis meses antes de los comicios, lo que en este caso lleva el límite para la dimisión al próximo 7 de abril.
Hasta ahora, por esas normas, Temer ya ha perdido tres de sus 28 ministros en las últimas semanas.
Según los cálculos del propio gobierno, otros quince ministros pudieran renunciar antes de esa fecha para aspirar a algún cargo en octubre, cuando los brasileños elegirán a un nuevo presidente y a 27 gobernadores, y renovarán las cámaras legislativas.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Brasil
