La suspensión del ministro, inédita en la política brasileña, fue pedida por la Policía Federal y autorizada por el magistrado Edson Fachi, uno de los once miembros de la Corte Suprema, en el marco de una investigación en curso desde hace meses y centrada en fraudes en el registro de sindicatos.
La operación, sobre la cual el Gobierno se ha limitado a decir que no se pronunciará y simplemente la acatará, también salpica al diputado Nelson Marquezelli, del Partido Laborista Brasileño (PTB), cuya oficina en la Cámara Baja fue allanada hoy por agentes de la Policía Federal.
El PTB ha tenido siempre una fuerte influencia en el Ministerio del Trabajo y varios de sus dirigentes ya han sido juzgados y hasta condenados por corrupción, delito por el que su actual presidente, Roberto Jefferson, llegó a pasar un año y medio en la cárcel.
Yomura, citado hoy a declarar por la Justicia, asumió el despacho en abril, cuando el Gobierno de Temer perdió un largo pulso con la Justicia por el nombramiento para ese cargo de la diputada Cristiane Brasil, hija de Jefferson.
La parlamentaria había sido designada ministra a fines del año pasado, pero su investidura fue impedida por los tribunales, pues había sido condenada por incumplir leyes laborales con algunos de sus empleados y no se consideró "ético" que asumiera ese puesto.
Yomura, amigo personal de la diputada, fue la solución para el problema que los tribunales le plantearon a Temer, pero con apenas un mes en el cargo comenzó la investigación que hoy le ha costado la suspensión.
El asunto se refiere a supuestas maniobras ocurridas durante años en ese despacho, que permitieron registrar en forma ilegal muchos de los más de 15.000 sindicatos que existen en el país, un número que para muchos juristas del área laboral es al menos "exagerado".
Según las autoridades, el registro de sindicatos se convirtió en un "gran negocio", sobre todo por una ley derogada el año pasado, que obligaba a los trabajadores a afiliarse a un gremio, al que debían contribuir con el equivalente a un día de su salario anual.
La investigación también afecta a varios sindicalistas, como el diputado Paulo Pereira da Silva, quien preside la central obrera Força Sindical y llegó al Parlamento gracias al poder político que le ha dado su fuerte influencia en los gremios.
La suspensión del ministro de Trabajo se da en circunstancias políticamente desfavorables para Temer, cuyo Gobierno ha entrado en sus últimos meses, pues en octubre será elegido un nuevo presidente, que asumirá el próximo 1 de enero.
El ambiente electoral en que está sumergido el país ha hecho que varios de los partidos que hasta ahora respaldaban a Temer empiecen a tomar distancia de su Gobierno, que según los sondeos tiene apenas un 4% de aprobación y puede ser un lastre para cualquier candidato.
Además del problema político de buscar un nuevo ministro en una base cada vez más desgastada, la suspensión de Yomura es otra gota derramada en el vaso de un Gobierno desbordado ya por sospechas de corrupción que afectan al propio Temer, a cuatro miembros de su gabinete y a varios políticos de su entorno más cercano.
El presidente fue blanco en 2017 de dos acusaciones formales de corrupción presentadas por la Fiscalía, algo también inédito en la historia brasileña, pero que fueron bloqueadas por la cámara baja, que negó su desafuero e impidió así que fuera procesado.
Temer también es investigado por supuestos "favores" políticos a empresas del sector portuario, y aunque la Constitución impide que sea juzgado mientras esté en el cargo, todas esas causas pueden ser retomadas a partir del momento en que entregue el poder. EFE
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