El gobierno de Argentina se la jugó ayer con el anuncio de una fuerte reducción del gabinete y de un paquete de medidas de ajuste fiscal con el objetivo de tranquilizar a los mercados, mientras negocia hoy el financiamiento aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la feroz crisis cambiaria que terminó por golpear la confianza en la tercera economía latinoamericana.
El primer turno fue el del presidente Mauricio Macri quien reconoció que “estos han sido los peores cinco meses” de su vida y que “esta crisis no puede ser una más; debe ser la última”. A él le siguió el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, quien hoy se convierte en el rostro visible de la Casa Rosada ante el FMI y sobre quien recae la responsabilidad de volver al país con el respaldo de una ayuda financiera que respalde el ambicioso plan que vagamente se delineó ayer.
Sin embargo, hay quienes dudan si logrará realmente convencer a la institución de que las medidas anunciadas podrán conducir a la nación “sobre la senda de un crecimiento no a corto plazo, para ganar elecciones, sino un crecimiento verdadero”, como prometió Macri.
Ni las palabras del jefe de Estado ni las del titular de Hacienda lograron calmar los mercados, llevando al banco central a intervenir una vez más para detener la corrida cambiaria. El dólar no se contuvo y volvió a trepar hasta rozar los 40 pesos argentinos a lo que el ente emisor respondió subastando, a tres minutos del cierre, US$ 100 millones de dólares.
Paso en falso
En la última semana, analistas han coincidido en que el gran problema del gobierno trasandino es la falta de confianza y los mensajes de ayer, que no cumplieron con las expectativas, parecen demostrar que el Ejecutivo pudo haber dado un paso en falso.
Aunque se esperaba que las medidas de austeridad apuntaran más a los ingresos que a los gastos, porque de lo contrario se requeriría de la aprobación del Congreso, la consultora Capital Economics determinó que más allá de brindar tranquilidad, el Ejecutivo lanzó “un recordatorio de una política más intervencionista”, muy opuesta a lo que el propio presidente Macri ha defendido desde que asumió en diciembre de 2015.
“El gobierno no ha dejado claro cómo planea cumplir muchas de las condiciones críticas de austeridad del FMI, como el tope del 8% sobre el crecimiento salarial nominal del sector público en los próximos doce meses”, escribió Edward Glossop, economista para América Latina de la firma. “No nos sorprendería que la moneda recupere su declive en los próximos días. Nuestra atención está puesta en la reunión con autoridades del FMI, quienes podrían exigir recortes primarios más agresivos que los que incluyen los planes actuales”, apuntó.
Hoy Dujovne tiene previsto presentar la última carta: demostrar al Fondo que su plan de lograr el equilibrio fiscal en 2019 es posible y que para ello necesita que se liberen los US$ 29 mil millones del acuerdo stand-by que fue aprobado en junio por un total de US$ 50 mil millones.
La semana pasada, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, envió un mensaje de respaldo al gobierno de Macri, pero dejó claro que se “revisará el plan económico (...) con el objetivo de fortalecer a Argentina”.
Medidas injustas
La desconfianza también se disparó en el sector agrario. Para algunos, el anuncio fue injusto al no considerar a otros sectores para “aportar” a resolver la crisis. Para otros, las medidas son entendibles, pero requieren que también se entienda a cada sector y se permita desarrollar la competitividad en términos de exportación.
En entrevista con DF, el tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, dijo que “debe haber un ajuste en los ingresos, pero también en el gasto”. “Debe haber mayor precisión sobre cómo disminuir los gastos en los que el Estado incurre y hay que reconocer que cuando se tocan las retenciones, se toca el corazón del sistema productivo”, consideró el también expresidente de la confederación.
Al gremio preocupa el impacto en la producción tras los impuestos a las exportaciones. “Para sacar a un país de una situación como ésta, se necesita producir. Hay que generar la mayor cantidad de inversiones y de trabajo posible, y estas medidas no apuntan a eso. Es una mala medida y el presidente lo ha reconocido”, dijo Salaverri.
Y es que Macri le pidió al campo “entender que estamos en una emergencia y necesitamos de su aporte”. Salaverri cuestiona que no se incluya, por ejemplo, a la banca y las finanzas que “por años han reportado importantes ingresos y ganancias y no están haciendo un esfuerzo en esta materia”.
Los ajustes, a su juicio, pasarán por afectar directamente a los más vulnerables entre la población, por lo que espera que las medidas paliativas anunciadas lleguen a ellos. Agregó que el gremio no descarta manifestaciones si desde la Casa Rosada no se hace “énfasis en la disminución del gasto (...) y se incluyen más sectores para que ayuden a recibir el peso de la crisis”.
Más críticas
Desde el kirchnerismo, el diputado Agustín Rossi, cuestionó el liderazgo político de Macri y adelantó que “no vamos a acompañar ningún presupuesto que plantee el ajuste del FMI”. Para Felipe Solá, del Frente Renovador, las palabras del presidente no fueron más que “un discurso de autoayuda”.
En tanto, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, respaldó al Ejecutivo y pidió a los empresarios paciencia. “Este será un año difícil (...) pero vale la pena por cien años de república”.
¿Cuáles son las medidas?
- Déficit fiscal:
Eliminar el déficit fiscal primario en 2019 y lograr un superávit del 1% del PIB desde 2020. Esto permitiría ahorro de US$ 6 mil millones en 2019 y de US$ 5.200 millones en 2020.
- Más retenciones:
Bajar retenciones del 24% al 18% en exportaciones de oleaginosas y harinas. Además, habrá ajuste al derecho de exportación de un 1% que se cobrará de a 4 pesos por cada dólar para los envíos primarios y de servicios, y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones desde 2019.
- Menos inversión pública:
Reducir 0,7 puntos del PIB de las inversiones públicas, lo que permitirá ahorro de 50%.
- Recorte en subsidios:
El gobierno traspasará algunos subsidios a las provincias, como el transporte y la tarifa social eléctrica.
- Gabinete más pequeño:
Se redujo la cantidad de ministerios a menos de la mitad, quedando en diez.
- Salarios estatales:
Se reducirá un 0,2% del PIB en remuneraciones y gastos operativos del Estado, con el congelamiento de la contratación en la administración pública y la recomposición salarial.
- Ayuda social
Se otorgará un refuerzo económico a quienes reciben Asignación Universal por Hijo en septiembre y diciembre.
Cristina Fernández vuelve a declarar por caso de los cuadernos de las coimas
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se presentó ayer por séptima vez ante la justicia de su país, para declarar por el caso de "los cuadernos de las coimas" dando inicio a una semana clave en la que el juez Claudio Bonadio debe decidir, además, la suerte del financista Ernesto Clarens.
La exmandataria llegó a las 11 horas en silencio, entró por una puerta lateral de los tribunales y entregó una declaración por escrito en la cual rechazó las acusaciones y protestó formalmente por los allanamientos a sus domicilios en la capital, en Río Gallegos y en Calafate. "Ninguno de los allanamientos fue realizado conforme a derecho", dijo tras insistir en que le fue denegada la presencia de su abogado. Y anticipó al juez: "habré de accionar legalmente en vuestra contra y de quienes resulten coautores, cómplices y encubridores de la maniobra".
Fernández reiteró que se trata de una persecución política y cuestionó que en las investigaciones no se haya citado a dueños de empresas presuntamente involucrados en la red de ilícitos, entre los que podrían estar el presidente Mauricio Macri.
En tanto, el Tribunal Oral Federal 2 fijó para el 26 de febrero de 2019 la fecha de inicio del juicio contra Fernández y otros implicados en la causa y será la primera vez que la expresidenta esté en el banquillo de los acusados. La investigación la implica junto a su difunto esposo y expresidente, Néstor Kirchner, por una presunta asociación ilícita que recibía cuantiosas sumas de compañías.
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