"El problema va a empeorar antes de empezar a mejorar", aseguraba ayer Willie Walsh, gerente general del hólding IAG (British Airways e Iberia), al ser cuestionado por los 5.000 vuelos cancelados en lo que va de año por las huelgas de los controladores aéreos en Europa.
"Llega el verano [...] y prevemos un impacto significativo en la economía española, donde el PIB del turismo supone el 11,6% y el 13% de los empleos". A su lado, mientras tanto, asentía Michael O'Leary, máximo ejecutivo de Ryanair.
Los directivos de las dos compañías -222 millones de pasajeros al año- visitaron ayer Bruselas para entrevistarse con Violeta Bulc, comisaria de Transporte. Le pidieron que interviniera para proteger el derecho de libre circulación de los ciudadanos europeos y anunciaron que estaban considerando presentar una reclamación ante la Comisión Europea.
Walsh y O'Leary comparecieron ante la prensa junto con Thomas Reynaert, director general de Airlines 4 Europe, una asociación de aerolíneas europeas que aglutina el 70% del tráfico aéreo de pasajeros europeos.
Se quejaron de la falta de recursos para el control aéreo en Alemania y Reino Unido -que obliga a cancelar vuelos por cuestiones de capacidad- pero, sobre todo, de las huelgas de los controladores de Marsella, por cuyo espacio aéreo pasa gran parte del tráfico que se dirige del norte de Europa al Mediterráneo.
Los directivos se quejaron de que los servicios mínimos de esas huelgas priorizan el tráfico doméstico en Francia, pero dejan desatendidos los vuelos que deben sobrevolar su espacio aéreo, aunque tengan origen y destino fuera del país. Un 50% de los vuelos de Vueling, filial de IAG, dependen del espacio aéreo controlado desde Marsella.
"Estas disrupciones son completamente inaceptables y hacemos un llamamiento a los Gobiernos y a la Comisión Europea para que actúen con urgencia", afirmó O'Leary.
Pero la comisaria europea aseguró que poco puede hacer en este problema y que la competencia para resolverlo recae en Francia. Una propuesta que lanzaron Walsh y O'Leary fue que Eurocontrol, el organismo que coordina el control de tráfico aéreo de 41 países, se hiciese cargo del control aéreo de los vuelos que operen por encima de 30.000 pies. Pero, para ello, hace falta el visto bueno de Francia.
A4E lleva meses hablando con el Gobierno y el Parlamento francés y le ha pedido un plan antes de que comience la temporada alta de verano, pero de momento no hay solución a la vista.
Walsh aseguró también que confía en que el gobierno español los apoye para convencer a París de que busque una solución para los controladores aéreos franceses.
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