El abogado Iván Duque asumió ayer la presidencia de Colombia con el desafío de unir un país dividido, acelerar el crecimiento económico e implementar, con ajustes, el acuerdo de paz alcanzado por su antecesor con la desmovilizada guerrilla de las FARC.
En una ceremonia frente a la sede del Congreso, en el centro de Bogotá, el político de 42 años recibió la banda de manos del titular del Senado, Ernesto Macías, e hizo su juramento ante congresistas, funcionarios de la corte, invitados especiales y jefes de Estado de América Latina, entre los que destacaron el chileno Sebastián Piñera; el mexicano Enrique Peña Nieto; y el ecuatoriano, Lenín Moreno.
En su discurso, que se prolongó por una hora, el nuevo ocupante de la Casa de Nariño llamó a hacer un gran pacto por la legalidad, la equidad y el emprendimiento, a su juicio, vitales para construir el futuro de la nación “por encima de las diferencias”.
Insistió en gobernar “con valores y principios inquebrantables” que permitan superar la polarización. “Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir”, manifestó. Se deben acabar las “divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos”, agregó.
Y es que durante su campaña Duque propuso hacer ajustes al acuerdo de paz para exigir que, antes de ocupar cargos políticos, los excomandantes guerrilleros respondan a la justicia por los crímenes cometidos en más de medio siglo.
Promesas de gobierno
En el aspecto económico, Duque reconoció que “se han cometido errores que debemos mejorar”. Citó como ejemplos la política tributaria, la expansión de los gastos permanentes y la inestabilidad jurídica.
Prometió que sus esfuerzos se enfocarán en convertir a Colombia en una nación que garantice las mejores condiciones para “la creación de nuevos emprendimientos donde la tecnología, servicios, industrias creativas, turismo y agroindustria sean impulsadores del crecimiento”.
Además propuso iniciativas como dejar de considerar al narcotráfico y el secuestro como delitos políticos, y un paquete anticorrupción que incluye el endurecimiento de penas, la limitación a no más de tres períodos de presencia en cuerpos colegiados de elección popular y la declaración de renta como deber constitucional.
Protestas al margen
La toma de posesión estuvo precedida por manifestaciones en al menos 36 ciudades, en las pedían al Ejecutivo entrante la protección para los líderes sociales -tras el asesinato de más de 330 de ellos desde 2016- y el respeto a los compromisos de paz alcanzados con las FARC.
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