Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y cuatro de sus exconsellers (Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret), están desde hoy en manos de la justicia belga, que será la que decida si acepta o no la orden de arresto europea emitida el viernes pasado por la jueza Carmen Lamela, para ser juzgados por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.
De momento, el juez de instrucción que ha asumido inicialmente el caso ha decidido dejarlos en libertad con cargos y con medidas cautelares, mientras un juez de primera instancia decide sobre la petición de extradición a España.
Las medidas cautelares implican que Puigdemont y sus exconsellers no pueden abandonar Bélgica sin acuerdo del juez de instrucción, deben permanecer en una dirección fija y deben acudir personalmente a todas los eventos del proceso judicial en marcha y a los requerimientos de la policía.
Estas medidas cautelares, que son las que pedía la fiscalía, están entre las más suaves que se podían imponer y permiten al expresident hacer campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 21 de diciembre.
El proceso
Los cinco políticos catalanes se han entregado voluntariamente en una comisaría de policía del centro de Bruselas, acompañados por su abogado, Paul Bekaerts. Este letrado flamenco es experto en bloquear peticiones de extradición y ya ha anunciado que va a impugnar la orden de arresto europea argumentando que teme por los derechos fundamentales de sus clientes. Desde su llegada a la capital europea, Puigdemont ha asegurado que se encuentra en Bélgica porque cree que en España no tiene garantías de que recibirá un juicio justo y porque teme por su seguridad personal.
Plazos
El caso pasa ahora a un juzgado de primera instancia (Chambre du Conseil), que tiene 15 días para decidir si entrega a Puigdemont y los cuatro exconsellers a la justicia española.
Si la decisión es contraria a los intereses de los políticos catalanes, estos pueden recurrir a un juzgado de segunda instancia (Chambre du Mises), que tendrá otros 15 días para dar su veredicto.
Pero esta no es la última bala de los acusados. Incluso si el juez de segunda instancia dictamina su extradición para que sean juzgados en España, cabe un tercer recurso, de casación.
Para este hay un plazo de treinta días, pero en circunstancias excepcionales -y estas tienen todas la papeletas para serlo- se puede alargar hasta sesenta días.
En el mejor de los casos para la juez Lamela, Puigdemont volvería a España en enero, pero la situación bien podría alargarse hasta febrero.
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