La presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela creció ayer, cuando la Unión Europea extendió por un año más las sanciones contra el país, en atención a violaciones a los Derechos Humanos y socavamiento a la democracia.
La decisión de Bruselas amplía hasta noviembre de 2019 el embargo a la venta de armas y equipos que puedan servir para la represión interna, junto con la prohibición de viaje y congelamiento de activos contra 18 funcionarios del gobierno en Caracas. La medida responde a las acusaciones de abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante las protestas de este año.
El Consejo Europeo dijo en un comunicado que su decisión se fundamentó "en el deterioro continuo" de la situación. Agregó que las medidas, que son "flexibles y reversibles", buscan "ayudar a incentivar soluciones democráticas compartidas para traer estabilidad política al país, y permitirle hacer frente a las urgentes necesidades de la población".
La medida de la UE suma presión internacional a Venezuela, que lleva años sumida en una profunda crisis humanitaria de la que han huido más de 2 millones de personas. El jueves, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector del oro, a fin de frenar el comercio del país caribeño con Turquía y reducir el margen de maniobra de Maduro.
Respaldo de Rusia
Mientras Occidente sube la presión, el gobierno de Maduro, que culpa de la crisis a una "guerra económica" por parte de EEUU y a los bajos precios del petróleo, recibió la semana pasada un espaldarazo de Rusia, que envió una comitiva para prestar asesoría económica.
En tanto, a la escasez que enfrentan los venezolanos de alimentos y medicinas, se ha sumado la bencina. El exgigante petrolero ha visto constantes interrupciones en la producción de combustible y las cinco refinerías de la estatal Pdvsa operan a menos de un cuarto de su capacidad.
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