Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy sancionar a otras once personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, al considerar que han "violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho".
La UE amplía así la lista de responsables del gobierno de Nicolás Maduro a los que ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.
En total, desde la creación de la lista negra en enero, se han añadido 18 personas.
En esta ocasión, han sido incluidos los vicepresidentes El Aissami, también ministro de Industrias y Producción Nacional, y Rodríguez.
También figuran Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.
Completan la lista Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.
En su reunión de finales de mayo, los ministros ya acordaron tomar nuevas medidas restrictivas "selectivas" y "reversibles" que no perjudicaran al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela, que la UE no consideró "ni libres ni justas".
En su opinión, el proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios "de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano".
La UE también reiteró entonces la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover "soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población".
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