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REGÍSTRATE AQUÍA más de un mes de la primera transferencia del rescate, el país no logra frenar la caída del peso y ya asume que cerrará el año con contracción.
Por: Ignacio Gallegos F.
Publicado: Miércoles 29 de agosto de 2018 a las 04:00 hrs.
Argentina parece encaminada a iniciar el próximo año, en que atravesará elecciones presidenciales, sin tener claro desde dónde sacará dinero para financiarse.

Ha pasado más de un mes desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó la primera transferencia de recursos del rescate de US$ 50 mil millones que el país pidió en mayo, cuando su moneda se depreciaba hasta tocar las 23 unidades por dólar. Pero, pese a las constantes intervenciones del banco central, la divisa estadounidense se alzó ayer hasta un máximo histórico y superó los 32 pesos argentinos, contagiado, en parte, por la incertidumbre política de su vecino y mayor socio comercial, Brasil.
Ante el fracaso del gobierno de Mauricio Macri por normalizar la situación cambiaria y controlar la inflación –que en julio fue de 31,2% anual y probablemente cierre 2018 sobre el 30%–, el Fondo salió ayer a negar que se esté evaluando una renegociación del acuerdo para ampliar el crédito.
Así, la Casa Rosada enfrenta la posibilidad de quedarse sin reservas en un año electoral, y con la actividad económica deprimida: en junio, el indicador se contrajo 6,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió el lunes a intentar dar tranquilidad al mercado, asegurando que el aumento del riesgo país y el alto rendimiento de los bonos en dólares “no reflejan adecuadamente los fundamentos y el financiamiento que tiene Argentina”. Pero la creciente posibilidad de una recesión -la segunda en tres años- pone en entredicho que la administración de Macri cumpla con sus necesidades de financiamiento, de US$ 82 mil millones para este año y el próximo.
Para cumplir con sus compromisos ante el Fondo, Macri deberá reducir el déficit fiscal a 2,7% del Producto Interno Bruto a fin de año, además de lograr que los salarios crezcan al ritmo de la inflación. Además, las cuentas del país deberían estar equilibradas a 2020.
“Con el ambiente externo y la incertidumbre de dónde va a terminar el peso, es demasiado difícil decir si pueden cumplir “, dijo a Financial Times el administrador de portafolio de Eaton Vance, John Baur.
Por su parte, la agencia calificadora Moody’s se sumó ayer a Barclays y Goldman Sachs, al proyectar que el PIB se contraerá 1% este año, en comparación con la previsión anterior de una expansión de 3%. También estimó que la deuda llegará al 70% del PIB en 2019, 20 puntos porcentuales por sobre el nivel que tenía en 2017.
Para el vicepresidente senior de Moody’s, Gersan Zurita, el incremento de las tasas –que el banco central elevó a 45% hace dos semanas– “ayudará a contener la devaluación del peso, pero debilitará aún más a la economía, que se aproxima a una recesión que podría extenderse al próximo año”.
Aunque la reciente revelación de un esquema de pago de sobornos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández podría ayudar políticamente a Macri, también amenaza la economía.
Para Moody’s las indagatorias golpearán la inversión extranjera y doméstica, particularmente en el sector de la construcción, a medida que “la incertidumbre legal y el riesgo reputacional” frenan a los inversionistas. Hace semanas, S&P Global Ratings había hecho una advertencia similar, asegurando que podría haber efectos “para todo el sector empresarial” del país”.
Jaime Winter, el defensor de Pedro Pablo Larraín, aseguró que la anulación de la primera revocación de existencia de la AGF demostraría que “no se puede atribuir cualquier tipo de perjuicio que se haya generado a los aportantes al actuar de Sartor, sino que directamente al actuar de la CMF".
La ANEF cuestionó que la instancia anunciada por el ministro de Hacienda no considere a los trabajadores públicos y emplazó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y al director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, a aclarar su posición.
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