A medida que se apresta a celebrar en septiembre su aniversario 58, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) continúa expandiéndose. Colombia se convirtió la semana pasada en el país número 37 en ingresar al llamado club de los “países ricos” o de “buenas prácticas”; el tercero latinoamericano después de México (que ingresó en 1994) y Chile (que lo hizo en 2010). Cuando la organización nació, en 1961, estaba compuesta por apenas 20 naciones.
Y aún hay más que esperan su oportunidad de entrar. En América Latina, Brasil, Argentina y Perú están en proceso. Si los tres lo logran, casi 480 millones de personas, unos tres cuartos de la población de la región, vivirán en un país de la organización.
Pero acceder no es tan fácil. Bogotá tardó siete años en cumplir con las exigencias, que incluían reducir la informalidad del mercado laboral, abrir su comercio para evitar controversias con Estados Unidos y subsanar observaciones en materia de derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas.
Los otros países podrían ir por la misma vía. Argentina, que cuenta con el apoyo unánime de los miembros para ingresar, vio postergado su ascenso la semana pasada; Brasil aún debe cosechar más apoyos y Perú sigue intentando cumplir con la lista de exigencias del grupo.
Argentina dice que ya tiene los apoyos
En el gobierno de Mauricio Macri había altas expectativas de que el grupo presentara en semanas recientes la invitación formal para que Argentina se sumara. Pero Buenos Aires aún se mantiene a la espera.
Según ha reportado la Casa Rosada a medios locales, el país ya cumple con todas las exigencias y, de hecho, tiene el apoyo explícito y unánime de los miembros actuales. Pero, históricamente, la OCDE envía las solicitudes a varios países a la vez, y aún no hay acuerdo sobre quién acompañará a Argentina: Brasil, Perú, Rumania, Bulgaria y Croacia también esperan ser invitados. El Consejo de Embajadores que toma esas decisiones no tuvo acuerdo en su reunión de hace dos semanas.
Pero la recepción de la invitación es apenas el inicio del proceso. Colombia fue invitada en 2013 y apenas cinco años después logró ingresar. En Buenos Aires, las expectativas son que el trámite sea más rápido, ya que desde 2016 Macri ha impulsado reformas para cumplir con los estándares de la entidad. El grupo ya ha enviado dos misiones al país, que participa de algunos de sus comités.
Brasil tiene detractores en un año electoral
Hace poco más de un año que el gobierno de Michel Temer presentó oficialmente su intención de unirse a la OCDE, donde ya lleva más de diez años desempeñando el papel de "socio clave" y participando en comités.
El gigante latinoamericano, que representa poco menos de un tercio de la población de la región y ostenta el mayor Producto Interno Bruto (incluso por sobre México), tiene opositores en el club de las buenas prácticas. A diferencia de la vecina Argentina, enfrenta a, al menos, un detractor importante: Estados Unidos. En agosto pasado, el gobierno de Donald Trump votó en contra de la inclusión de Brasil, preocupado por la dificultad de llegar a consensos en una organización demasiado grande.
El país enfrenta además la dificultad de impulsar reformas que le hagan merecedor de la confianza de las otras naciones, en un año electoral de altas controversias: las encuestas son lideradas por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien hace campaña desde la cárcel, y el segundo competidor, el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro, es crítico del establishment y tiene escasa experiencia política. Las definiciones podrían tardar.
Perú intenta aplicar las reformas necesarias
Hace una semana, el gobierno de Martín Vizcarra ratificó las convenciones antisoborno y de facilitación de asistencia tributaria mutua ante la OCDE, uno de los pasos para ingresar al grupo.
La iniciativa se sumó a una serie de medidas implementadas por Lima para asegurar su ingreso, mientras ya participa de algunos de los comités técnicos de la organización. El propio secretario general del grupo, Ángel Gurría, dijo en el foro de París la semana pasada que "la entrada en vigor a principios de este año de la ley de responsabilidad corporativa de Perú, que también abarca el soborno doméstico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, es una clara demostración del compromiso político" de la nación latinoamericana.
Pero aún falta camino por recorrer. La OCDE ha recomendado que Perú mejore la coordinación entre el gobierno nacional y los regionales, diseñe planes estratégicos y descentralice sus procesos para mejorar la ejecución de las políticas públicas. La mejora de la conectividad del transporte y la reducción del empleo informal también están entre las tareas pendientes.
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