Chile se posiciona como la nación con mayor calidad de gobierno y con mejor política anticorrupción, en comparación con sus pares latinoamericanos, destacado por sus positivos índices de corrupción, ley y orden, y calidad de la burocracia.
Así lo determinó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, junto a la CEPAL, la CAF y en colaboración con la Comisión Europea, publicó su informe de Perspectivas Económicas de América Latina 2018 "Repensando las Instituciones para el Desarrollo". En él evalúan la percepción que tienen los ciudadanos respecto de sus gobiernos y cómo ello impacta en el crecimiento de cada nación.
Sin embargo, el país no escapa de la evaluación que hacen sus ciudadanos, que consideran que la corrupción cada vez más se apodera del sistema y que se muestran cada vez menos satisfechos con la calidad de los servicios públicos.
"La calidad del gobierno en Chile es alta", sostiene el reporte. Conforme al índice de calidad de gobierno, con rango entre 0 y 1, Chile alcanza 0,75; situándose por encima del promedio de América Latina y el Caribe (0,44) y cerca del de la OCDE (0,78). Así, se ubica como el país con mayor calidad de gobierno en la región, aunque existe una creciente falta de confianza en la administración nacional.
"En 2016, solo 20% de la población expresó confianza en esta institución. Esto está asociado en gran medida con la percepción de una desigualdad de oportunidades en la generalidad de la población.
Según el Índice de Políticas Anticorrupción (que va de 0 a 10), Chile registra 9,0, por encima de los promedios de América Latina y El Caribe y la OCDE, de 5,12 y 6,91 respectivamente. Sin embargo, el 82% de los chilenos declararon en 2016 que la corrupción está extendida en el país", resalta el texto.
En este contexto, el estudio remarca que los ciudadanos están cada vez menos satisfechos con los servicios públicos del país. "En 2015, solo 14% de la población se mostró satisfecha o muy satisfecha con los hospitales públicos, y solo 21% con la educación pública. Por otra parte, la población que considera que la seguridad del ciudadano fue buena o muy buena cayó de 19% a 11% entre 2010 y 2015", se detalla.
"Esto, junto con la creciente insatisfacción con los servicios públicos, sugiere una desconexión entre el progreso económico y los indicadores no monetarios de bienestar. A pesar de tener una de las clases medias más numerosas de la región, Chile afronta el desafío de remediar esta desconexión y mejorar los servicios para una clase media creciente y cada vez más exigente", puntualiza el informe.
Reconexión con los ciudadanos
La percepción sobre el buen funcionamiento del Estado de derecho es débil en América Latina y El Caribe (ALC). La mayoría de los países de la región obtienen puntuaciones inferiores a cero en los indicadores del Banco Mundial (en una escala que va de -2,5 a 2,5). El promedio de ALC de -0,50 en 2016 se encuentra muy por debajo del de la OCDE, que fue de 1,2. Solo Chile, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay tienen puntuaciones positivas.
Según la investigación, tres de cada cuatro ciudadanos latinoamericanos tienen poca o ninguna confianza en las administraciones que los dirigen. Y alrededor de un 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. "La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social", afirma el texto.
Ante este panorama regional, la OCDE ha determinado que "es necesario reconectar a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones, para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible" en la región. El continente debe, entonces, "avanzar hacia instituciones más confiables, más capaces, más abiertas y más innovadoras para continuar con una senda de mayor desarrollo inclusivo".
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