La arena política peruana volvió a remecerse ayer, cuando un juez autorizó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder de Fuerza Popular, el partido de oposición que domina el Congreso del país.
La excandidata presidencial fue detenida durante la mañana, después de que se presentara a declarar por la investigación de presuntos aportes ilegales a su campaña por el gobierno en 2011.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción (el mismo que decretó la prisión del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia) acogió una solicitud de la Fiscalía Nacional, que alertaba sobre el “grave peligro de fuga” de la líder política.
La resolución judicial señaló que la expostulante a la presidencia “ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder políticos y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.
La abogada de Keiko, Giulana Loza, describió la medida como un “atropello y abuso” y aseguró que tomó por sorpresa a su representada. “Ella se ha puesto a disposición de la fiscalía”, manifestó.
Se trata del segundo gran golpe que ha recibido el fujimorismo en pocos días. Hace apenas una semana, un juez de la Corte Suprema había anulado el indulto a Alberto Fujimori y había ordenado su regreso a la cárcel. No obstante, el exgobernante ha permanecido desde entonces en una clínica, tras haber sufrido complicaciones de salud.
El perdón presidencial había sido concedido por el renunciado mandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre, en medio de negociaciones con la oposición para evitar una impugnación de su mandato.
Los dardos a Fuerza Popular
De acuerdo con la resolución, el partido fujimorista habría servido para lavar US$ 1,2 millón proveniente de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en pago de sobornos en varios países del continente americano. Los aportes habrían ocurrido en 2010 (durante una campaña municipal) y 2011 (en la carrera presidencial), detalló la resolución.
La justicia confirmó ayer que Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere, quienes se desempeñaron como secretario nacional general y secretario nacional de economía del partido durante la campaña de 2011, habían tenido contactos directos con el máximo representante de la empresa en Perú, Jaime Barata.Ambos excolaboradores fueron apresados junto a Fujimori.
El juez también ordenó la detención de Adriana Tarazona Martínez de Cortes, tesorera alterna del partido entre 2009 y 2012, quien es sindicada como una de las administradoras de los dineros ilícitos, junto a otros personeros de la colectividad. En total, 20 personas fueron objeto de órdenes de detención.
Entre otros hechos investigados, la justicia apunta a que el partido habría suplantado a 114 personas como aportantes de un total de casi US$ 650 mil, además de más de US $ 730 mil en aportes no justificados.
Defensa de Fujimori
“Me han detenido sin fundamentos jurídicos (...) Me han perseguido 18 años y nunca han mostrado una prueba, y así, sin pruebas en mi contra, estoy privada de libertad”, manifestó la excandidata en una carta de su puño y letra que fue difundida a través de su cuenta de Twitter.
Fujimori acusó además que la medida se trata de una persecución política. “Saldremos más fortalecidos”, aseguró.
Por su parte, el presidente de Fuerza Popular, Héctor Becerril, descartó cualquier irregularidad y acusó que los arrestos llegan debido a una “judicialización total de la política”, además de acusar una persecución por parte del actual presidente, Martín Vizcarra.
“El sistema de justicia actúa de forma selectiva contra los enemigos y rivales políticos de este gobierno”, sostuvo el personero. “El gobierno de Martín Vizcarra tiene injerencia en el sistema judicial. Esto es parte de toda esa orquestación para dañar y porque quieren desaparecer a Fuerza Popular”, sentenció.
Becerril agregó que “no existe, hasta el momento, ninguna prueba que haya podido determinar la culpabilidad de Keiko Fujimori”.
El arresto se produjo un día después de que Vizcarra convocara oficialmente a un referéndum para el 9 de diciembre, para aprobar las cuatro reformas constitucionales con las que quiere combatir la corrupción.
"Sin pruebas en mi contra, estoy privada de libertad", manifestó Fujimori en una carta de su puño y letra que fue difundida a través de su cuenta de Twitter.
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