Frente a la arremetida migratoria de los últimos tiempos, principalmente de venezolanos huyendo de la crisis en su país, países como Chile han abierto la discusión de cómo abordar la situación y cómo darle paso a la formalización laboral de los nuevos residentes.
Colombia, que no tiene límites para la contratación de extranjeros, se encuentra en medio de una reforma laboral que, por el momento, no contempla el punto pero que, según expertos, podría ser tomado en cuenta próximamente como tema a discutir.
Si en Chile se aprueba el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo, la nación pasaría a ocupar el segundo lugar de la lista de países que abren sus puertas a la contratación extranjera -con un porcentaje máximo de 30% de la planta- sólo superado por Brasil, que estipula un tercio de sus empleados, con algunas excepciones indicadas en el artículo 352 de la ley del Trabajo (CLT). Luego se ubicaría Perú con un 20%, mientras que Argentina -como Colombia- no tiene topes.
Debate en Chile
En los últimos cinco años, Chile ha pasado a ser uno de los principales receptores de inmigrantes provenientes de países como Colombia, Haití y Venezuela.
Ante ello, la semana pasada el gobierno anunció que buscará aumentar el porcentaje máximo de contratación de extranjeros, a través de la reducción de la cantidad obligatoria de trabajadores chilenos en firmas nacionales.
El proyecto de Ley de Productividad y Emprendimiento plantea que los empleados extranjeros alcancen un 30% de la fuerza laboral en las compañías chilenas, el doble de lo que actualmente obliga la norma.
La medida fue celebrada por ejecutivos, que consideraron que ello permitirá solucionar el tema de competitividad, pero criticada por la Central Unitaria de Trabajadores.
Su vicepresidenta y encargada de inmigración, Amalia Pereira, estimó que la medida facilitaría el abuso hacia los ciudadanos foráneos, lo que elevaría la precarización laboral de los nacionales. “El empresariado va a decir: ‘el migrante trabaja más, es más comprometido, voy a abusar de ellos’. Eso va a repercutir en los connacionales”, dijo Pereira.
El proyecto no afecta a las compañías con menos de 25 trabajadores, que actualmente no tienen un límite de contratación.
Cuota a las privadas
En Perú también existen máximos, pero sólo para las empresas privadas. En 1990, se estableció un porcentaje máximo de contratación de extranjeros de 20% para el sector privado y se definió que éste debe seguir los lineamientos legales al momento de incluir migrantes en sus nóminas. Por ejemplo, no se podrá despedir a los ciudadanos peruanos para dar paso a extranjeros con menores salarios.
Según el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, Christian Sánchez, la norma no priva al Ejecutivo de otorgar el permiso temporal de trabajo, medida que ha implementado recientemente para hacer frente, sobre todo, a la llegada masiva de venezolanos.
Sin topes
En tanto, así como Argentina, Colombia hoy no tiene un régimen de máximo de trabajadores foráneos en empresas locales.
“En 2010, la norma de proporcionalidad fue derogada y el control lo ejerce ahora el Ministerio Relaciones Exteriores a través de nuestra cancillería, que se encarga de otorgar la visa de trabajo”, explicó a DF desde Bogotá el abogado experto en temas laborales, Iván Daniel Jaramillo. Entonces, el máximo era de 10% o, con algunas excepciones según el sector, de 20%.
“La crisis en Venezuela ha llevado al ministerio a permitir la entrega de residencias permanentes para los inmigrantes, documentos que, aunque no tienen necesariamente conexión con el área laboral, si ejercen de algún modo presión sobre la oferta laboral en el país”, dijo.
La situación estaría generando rechazo en la población y, aunque aún no está previsto que un nuevo tope sea incluido en la reforma laboral que actualmente se discute, el experto no descarta que empiece a ser tomado en consideración.
Perú decreta emergencia en zona fronteriza
Perú se sumó ayer a Ecuador y a Brasil entre los países de la región que han decretado estado de emergencia para atender el incremento reciente de la migración venezolana. El gobierno del departamento de Tumbes, al extremo noroeste de la nación, solicitó al Ejecutivo emitir un decreto por 60 días, ante el peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento, tras considerar que su capacidad de respuesta fue traspasada.
La medida se originó a de que entrara en vigencia la exigencia del pasaporte a venezolanos –con lo que se ha reducido a la mitad el ingreso diario de migrantes- y con el acuerdo de autoridades migratorias de la nación andina y de Colombia para compartir, en una base de datos, información sobre la calidad migratoria de quienes salen de Venezuela rumbo al sur. La medida surgió tras un encuentro de dos días que se realizó en Bogotá -en el que también participaron Brasil y Ecuador- que permitió determinar que hay personas con permisos de residencia para más de un país.
Hoy la Comunidad Andina de Naciones se reunirá para tratar el tema migratorio y la próxima semana habrá una cita en Chile, convocada por la Organización Internacional de Migraciones.
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