El tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de cárcel por corrupción rechazó hoy los recursos presentados por la defensa y lo dejó a un paso de la cárcel, aunque el exmandatario cuenta con un salvoconducto hasta el 4 de abril.
Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4) desestimaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula y le abrieron así las puertas de la cárcel.
No obstante, Lula no podrá ir preso hasta el próximo 4 de abril, cuando la Corte Suprema tiene previsto analizar un "hábeas corpus" presentado por la defensa y que alega que el encarcelamiento no puede concretarse hasta que se agoten todos los recursos posibles en instancias superiores.
El exmandatario (2003-2010) fue condenado el pasado 24 de enero en segunda instancia a 12 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, asociados en ambos casos al escándalo detectado en la estatal Petrobras.
En su sentencia, los magistrados del TRF4 determinaron el cumplimiento inmediato de la pena una vez analizadas todas las apelaciones en esa corte, apoyados en una cautelar del Supremo dictada en 2016.
Tras el fallo del TRF4, la defensa de Lula presentó lo que se conoce como "embargo de declaración", un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial, pero que no puede modificar el contenido de la sentencia.
Esa apelación fue rechazada hoy por los tres magistrados del TRF4, que ratificaron la sentencia y abrieron el camino para que el juez de primera instancia Sergio Moro determine la prisión del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
No obstante, la defensa de Lula se anticipó y entró con un "habeas corpus" preventivo en el Supremo para evitar precisamente que el exmandatario pudiera ser detenido una vez el TRF4 concluyera el análisis de los recursos en segunda instancia.
El Supremo tenía previsto juzgar el "habeas corpus" el pasado jueves, pero la sesión se prolongó durante cinco horas y el tribunal aplazó el análisis del asunto hasta el próximo 4 de abril, aunque blindó a Lula de la prisión hasta esa fecha.
Inmerso en la batalla judicial, Lula prosiguió hoy su gira por el sur de Brasil para defender su inocencia y denunciar una supuesta "persecución judicial", en medio de las protestas de algunos detractores.
Efecto electoral
La decisión judicial significa que Lula no cumpliría con la llamada ley electoral de "borrón y cuenta nueva" de Brasil si se registrara como candidato para las elecciones de octubre. De acuerdo con esta regla, nadie condenado por un delito confirmado en apelación puede postularse para un cargo de elección durante por al menos ocho años.
Sin embargo, la decisión final sobre la elegibilidad de Lula recae en el máximo tribunal electoral del país, que solo puede fallar sobre el asunto una vez que los candidatos se hayan registrado en agosto. También ha habido numerosas excepciones a la ley de "borrón y cuenta nueva" desde su introducción en 2010.
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