La promesa de Donald Trump de impulsar la principal economía mundial con grandes gastos en infraestructura finalmente tomó forma ayer, cuando el mandatario estadounidense reveló detalles de su plan.
“Será una gran semana para la infraestructura”, adelantó a primeras horas de la mañana en Twitter. “Después de gastar tan estúpidamente US$ 7 billones (millones de millones) en Medio Oriente, es hora de empezar a invertir en nuestro país”, afirmó.
El plan, que fue presentado junto con las alineaciones presupuestarias para el próximo año, ofrece destinar US$ 200 mil millones de fondos federales para impulsar proyectos de infraestructura por US$ 1,5 billón de los gobiernos locales, estados y empresas privadas en la próxima década, la cifra que prometió durante su campaña.
Con eso, los gobiernos locales y de estados recibirán incentivos de US$ 100 mil millones, mientras que US$ 50 mil millones serán destinados para la infraestructura rural y otros US$ 20 mil millones para “proyectos transformadores” y nuevas ideas para mejorar la infraestructura, entre otros.
“Durante demasiado tiempo, los legisladores han invertido en infraestructura de manera ineficiente, han ignorado las necesidades críticas y la permitieron deteriorar. Es hora de dar a los estadounidenses una infraestructura moderna que funcione y que ellos merecen”, escribió Trump en una nota al Congreso presentando el plan.
También aseguró que el proyecto “impulsará las mayores inversiones en infraestructura en la historia estadounidense”.
Cambios regulatorios
Aparte de estímulos monetarios, el documento también ofrece incentivos regulatorios para alentar la inversión en infraestructura: propone limitar el tiempo de aprobación de proyectos a dos años y disminuir la profundidad de análisis medioambiental.
En otro beneficio para las empresas, ofrece extender el uso de deuda exenta de impuestos para financiar proyectos de infraestructura y ampliar los tipos de proyectos para los cuales puede ser usada.
También busca promover el arriendo de aeropuertos y otros objetos de infraestructura pública, eliminando el requerimiento de que cualquier deuda pendiente exenta de impuestos tiene que ser pagada primero, y facilitar la venta de bienes federales a los gobiernos locales o actores privados (ver ficha relacionada).
El plan no incluye fuentes de financiamiento, por lo cual algunos expertos temen que tendrá que ser pagado por los contribuyentes, a través de aumentos de impuestos locales y otros pagos. Según el plan de Trump, los estados que suban sus ingresos a través de impuestos tendrán prioridad en recibir subvención federal para proyectos de infraestructura.
El proyecto, que debe ser aprobado por 60 senadores en la cámara alta donde los republicanos tienen sólo 51 escaños, ya recibió críticas desde la bancada opositora: el líder demócrata Chuck Schumer llamó la iniciativa “el plan para calmar a los aliados políticos, y no reconstruir el país”, afirmando que tendrá que ser financiado por los gobiernos locales.
También causará escepticismo en los conservadores republicanos, después de que el recorte de impuestos impulsado por Trump provocó el aumento del déficit en al menos US$ 1 billón en la próxima década.
Desde la Casa Blanca, en tanto, aseguraron que el plan es la propuesta inicial y el mandatario y su equipo están abiertos a la negociación con ambas bancadas. Ayer, Trump se reunió con los gobernadores locales, mientras que mañana agendó una cita con los líderes del Congreso. El viernes, visitará Florida para promover su plan entre la población estadounidense.
Presupuesto 2019
El plan de infraestructura fue publicado ayer junto con la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca para 2019, de US$ 4,4 billones, que se retracta del compromiso republicano de equilibrar el presupuesto en una década y atrasa el objetivo para 2039. El plan se basa en el crecimiento anual de 3% en los próximos tres años.
El documento, en el mejor estilo de Trump, aumenta drásticamente el gasto en defensa y disminuye el financiamiento para proyectos sociales.
La propuesta incorpora US$ 716 mil millones para gastos en defensa y US$ 23 mil millones para la seguridad fronteriza, incluyendo US$ 18 mil millones para el muro con México.
El aumento en el gasto en defensa será compensado con un recorte de los gastos domésticos: la Casa Blanca solicitó la reducción de 27% de fondos para el Departamento de Estado, de 34% para la Agencia de Protección Ambiental y de 21% para el Servicio de Salud, incluyendo el dinero para el Medicare, el programa que el predecesor de Trump, Barack Obama, amplió durante su mandato.
En total, Trump busca quitar US$ 1,7 billón de financiamiento para los programas sociales en la próxima década.
Críticas inmediatas
“Estos recortes a las inversiones federales críticas son tan extremos que sólo pueden reflejar el desprecio hacia las familias trabajadoras y una falta completa de visión para una sociedad más fuerte”, reaccionó el principal demócrata del comité de presupuesto de la cámara baja, John Yarmuth.
El tema central del debate también serán los Dreamers, los hijos de migrantes ilegales cuya protección Trump busca terminar a partir del 5 de marzo. El viernes, el mandatario afirmó que “afortunadamente”, el tema no está incluido en el presupuesto y tendrá que ser negociado ahora.
El sábado, delineó sus tres prioridades para crear un sistema migratorio “seguro, moderno y legal”: “asegurar completamente la frontera, terminar con la migración en cadena y cancelar la lotería de visas”. “El Congreso tiene que asegurar el sistema inmigratorio y proteger a los estadounidenses”, afirmó.
Y mientras sus propuestas enfrentarán una oposición segura por parte de los demócratas, lo más probable es que también sean ignoradas por la bancada republicana, que en un acuerdo bipartidista la semana pasada ya delineó las prioridades del presupuesto para los próximos dos años.
El documento –firmado por Trump el viernes- considera un aumento de gastos de US$ 300 mil millones, distribuidos entre la defensa (exigencia republicana) y asuntos domésticos (preocupación demócrata) de manera casi igual.
Cambios regulatorios:
Propone ampliar el uso de la deuda empresarial exenta de impuestos para financiar proyectos de infraestructura y aumentar los tipos de proyectos para cuales puede ser usada.
Sugiere permitir a los estados agregar peajes en carreteras interestatales.
Promueve el arriendo de aeropuertos y otros establecimientos públicos eliminando el requerimiento de que cualquier deuda pendiente exenta de impuestos tiene que ser pagada primero.
Busca permitir al gobierno federal vender bienes como aeropuertos a gobiernos estatales y locales y empresas privadas.
Ofrece limitar a 21 meses el tiempo para completar la evaluación medioambiental de un proyecto, pone a una agencia única a cargo y limita la profundidad de análisis.
Propone limitar a tres meses el tiempo para tomar una decisión sobre un proyecto una vez que haya resolución medioambiental. El regulador tendrá mayor derecho a ignorar las conclusiones.
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