Ni en los años más crueles de la guerra contra el narcotráfico se registraron cifras de asesinatos tan altas como las de los nueve meses del proceso electoral para las presidenciales del 1 de julio en México.
Según cifras oficiales, sólo en abril fueron asesinadas en promedio 90 personas y, entre enero y ese mes, fallecieron en las mismas circunstancias 10.395. Eso hace a la nación azteca vivir su momento más sangriento de la historia reciente.
No ha habido período electoral más agresivo. La mira ha estado puesta sobre los políticos, sus familiares y círculos más cercanos. Entre las víctimas se contabilizan candidatos, precandidatos, miembros de equipos de campaña y militantes de partido.
El gobierno saliente de Enrique Peña Nieto deja la resolución de este flagelo como una gran deuda pendiente y coloca al ganador de los comicios –probablemente Andrés Manuel López Obrador- frente a uno de los mayores desafíos que ha tenido el ocupante de Los Pinos.
Tarea pendiente
El propio mandatario ha reconocido que fracasó en esta tarea. “En los primeros tres años de esta administración -que inició en 2012- se registró una importante reducción de los delitos. Lamentablemente, y hay que decirlo, esta tendencia se ha venido revirtiendo”, expresó en un discurso ofrecido a fines de 2017.
Precisamente, ese fue el año más violento de la historia al superar los casi 23 mil asesinatos de 2011.
Para el jefe de Estado, el recrudecimiento de la violencia criminal se debe a un marco legal inadecuado y a la disparidad de capacidades de las fuerzas de seguridad.
Con él coincide Asael Nuche, director de análisis de la consultora Etellekt, que recientemente publicó su informe Indicador de Violencia Política en México 2018.
Nuche indicó que “la historia refiere a que, desde el inicio de este sexenio, la política de seguridad que se implementó a nivel federal tuvo bastantes desaciertos. Se dejó de lado el fortalecimiento institucional de las agencias de seguridad”.
“El tema de la violencia es de antes del proceso electoral, pero evidentemente también trasciende al mismo proceso. Los homicidios pueden continuar”, agregó.
Cifras rojas
Las cifras de este período electoral son alarmantes. Según Etellekt, al 12 de junio se contabilizaron 413 agresiones directas e indirectas contra políticos, un 385% más que en 2015.
En tanto, ubicó en 113 el número de políticos asesinados en el período; 90 de ellos del ámbito municipal, considerado el más vulnerable. Del total, 28 eran precandidatos y quince candidatos inscritos. Quince también es el número de mujeres que han perdido la vida en estos meses.
La violencia ha escalado y se ha extendido por todo el territorio: 31 de los 32 estados han registrado homicidios, especialmente Guerrero, Puebla y Oaxaca.
La situación ha llamado la atención de la Unión Europea, desde donde una delegación -en conjunto con las embajadas en México de los Estados miembros- expresó su preocupación por el nivel de violencia e intimidación de este proceso electoral.
Golpe empresarial
La violencia también ha trastocado las operaciones de grandes empresas mexicanas e internacionales. Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo y la tercera compañía más grande de México por facturación, decidió en marzo cerrar su centro de distribución ubicado al sur de Guerrero.
Dos meses después, hizo lo propio el Grupo Lala -el gigante de los productos lácteos de la nación azteca-, y a ellos se unió Pepsi, que la semana pasada clausuró su fábrica en Guerrero.
Estas decisiones llegan justo en medio de una dura batalla de los empresarios para que las autoridades pongan fin a la inseguridad. En 2017, más del 40% de las firmas fueron víctimas de algún delito, según un informe reciente de la patronal Coparmex. Ese mismo año, el impacto económico de la violencia ascendió a casi US$ 250 mil millones, equivalente a un 21% del Producto Interno Bruto, uno de los mayores del mundo, según el último Índice de Paz del Institute for Economics and Peace.
"López Obrador deberá llamar a la unidad nacional para superar las cicatrices que deja esta campaña"
- ¿Por qué el repunte de la violencia en México?
- Por un lado, por el reacomodo de los carteles de la droga y, por otro lado, por el componente político. Esta ha sido y es una campaña política muy intensa y polarizada. Más allá de lo que ocurre en las calles, esta campaña tiene mucho ataque personal entre los tres principales candidatos. Lo hemos visto en los debates, medios, redes sociales. Creo que las pasiones se han desbordado.
- ¿Deja Peña Nieto una gran deuda en este ámbito?
- Le quedan dos grandes deudas: la necesidad de mayor transparencia en casos emblemáticos, como el de la Casa Blanca, y el tema de la violencia social. El caso Ayotzinapa, de 43 estudiantes desaparecidos, marcó un antes y un después. Le faltó un manejo más adecuado de la crisis que terminó pasando factura a la mitad de su sexenio. La violencia es su tarea pendiente y hay que ver cómo se aborda ahora.
- ¿Qué debe hacer entonces el próximo presidente?
- Llamar a la unidad nacional. (Andrés Manuel) López Obrador que, salvo catástrofe, será el próximo presidente, debe hacer una llamado a la reconciliación. Tiene la gran oportunidad y la necesidad histórica de empezar un gobierno que supere las cicatrices.
- ¿Es creíble la reconciliación con un candidato como él?
- Ha sido un poco satanizado por sus ideales. En estos doce años que tiene preparándose para ser presidente, lo he visto evolucionar; pasar de ser ese hombre de izquierda que llamó a bloquear el paseo de La Reforma cuando perdió la elección con (Felipe) Calderón, a tener un discurso más moderado. Indudablemente ha habido un proceso de maduración política y hemos visto cómo se ha acercado al sector empresarial; eso antes era impensable.
- ¿Confía entonces en él como presidente?
- Sí, aunque quizás peque de ingenuo. Pero, lo que realmente me preocupa son sus promesas a grupos políticamente antagónicos: sindicatos y empresarios. ¿Cómo va a hacer para quedar bien con dios y con el diablo? A partir del 2 de julio, veremos si se preparó para gobernar y no sólo para ganar.
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