El IPC Nacional urbano (IPCNu) está a la vuelta de la esquina en Argentina. El 13 de febrero, el nuevo indicador de precios con el que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández espera evitar sanciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y devolverle al Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) la credibilidad perdida verá la luz. Será la estimación oficial de inflación de enero. Pero a una semana de que deban comenzar los relevamientos, las oficinas que el Ejecutivo creó ad hoc para el personal del nuevo IPC permanecen vacías y el ministro de Economía, Axel Kicillof, no encuentra reemplazo para la conducción del ente.
Según indicaron trabajadores del organismo, el sitio que el Ministerio de Economía inauguró el 5 de noviembre para alojar a los empleados del IPCNu permanece vacío. Se trata de un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón y Carlos Calvo, en Buenos Aires, desde donde, según se anunció, se coordinaría el relevamiento nacional. Ese día, recorrieron las instalaciones el entonces ministro Hernán Lorenzino y los directores del Indec Ana Edwin y Norberto Itzcovich.
En la mira
El éxito del nuevo índice es fundamental para el gobierno, no sólo para evitar sanciones del FMI “que audita constantemente las gestiones”, sino para sentar una referencia oficial que permita negociar los acuerdos de precios y las paritarias. Kicillof lo sabe y quiere desembarcar en el organismo. Semanas atrás, como informó El Cronista, comenzó a buscarle reemplazo a Edwin e Itzcovich, convencido de que la permanencia de la cúpula que puso Guillermo Moreno en el organismo no podrá encabezar el lavado de cara.
A su vez, el ministro llamó a la junta de trabajadores del Indec agrupada en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que resiste la intervención del ente, para pactar una reunión, que no todavía no se concretó. El encuentro se pospuso una y otra vez por la agenda del funcionario, explicaron en Hacienda, pero se concretará.
“Hay un compromiso asumido de que se van a reunir y se los va a escuchar”, afirmaron cerca de Kicillof. Para Raúl Llaneza, secretario de ATE-Indec, la reunión ayudará a “darle un marco de racionalidad a la relación empleado-empleador”. En ATE no lo dicen, pero saben que el ministro necesita bajar la conflictividad en el organismo y garantizar cierta paz social de cara a la presentación del nuevo índice.
Hace 7 años que ningún funcionario recibe a los trabajadores de ATE-Indec. El último ministro que lo hizo fue Miguel Peirano, que hoy revista en el Frente Renovador de Sergio Massa. Adrián Pérez, un diputado massista, presentó un proyecto de ley para reemplazar al Indec por la Agencia Nacional de Estadística y Censos (ANEC).
Más allá del nuevo nombre, indicó uno de los partícipes del gobierno, se propagará un concurso público para designar a los directivos y especialistas del ente. Eso haría que muchos de los empleados que entraron con Moreno deban dar un paso al costado. Según datos del Indec, la planta del organismo pasó de contar con unos 1100 empleados en octubre de 2007 a unos 1800 en la actualidad.
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