La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio desarrollador de la ampliación de la vía por donde pasa casi el 6 % del comercio mundial se han dado hoy un nuevo plazo para negociar un plan financiero que reflote el proyecto, muy golpeado por la falta de liquidez del contratista.
Las conversaciones iniciadas el pasado día 7 y que en principio se darían hasta mañana 1 de febrero han sido extendidas hasta el próximo martes, sin que ninguna de las partes revelara cuáles propuestas están en la mesa y ni sus posibilidades de éxito.
A raíz de la extensión del plazo de las conversaciones, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) también prorrogó, "hasta el 5 de febrero próximo el preaviso de paralización" de las obras, dijo a Efe un fuente del consorcio liderado por la española Sacyr y la italiana Salini Impregilo.
El Grupo emitió el pasado 30 de diciembre una carta de preaviso de suspensión de las obras a partir del 20 de enero, que no se llegó a concretar para dar oportunidad a las negociaciones.
El consorcio dijo en un comunicado difundido este viernes que "las negociaciones se centran en un plan de cofinanciación de los costos (extraordinarios que reclama) para la finalización del proyecto".
"La responsabilidad última de los costes adicionales se decidirá a través de procedimientos de arbitraje internacional" previstos en el contrato para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, añadió el GUPC.
El consorcio se adjudicó en 2009 el proyecto por su oferta de 3.118 millones de dólares, pero ahora reclama más 1.600 millones en "sobrecostos", de los que responsabiliza a la ACP, y que le dejaron sin dinero para continuar las obras.
La ACP no reconoce los costos extraordinarios y exige que el tema sea dirimido por las figuras de arbitraje internacional previstas en el contrato sin que de por medio haya paralización de las obras.
La Autoridad del Canal precisó este viernes en una breve misiva que en la mesa de diálogo extendida hasta el próximo martes estará presente la aseguradora Zurich, garante del proyecto con una fianza que llega a los 600 millones de dólares.
"Las partes acordaron continuar las reuniones durante el fin de semana para seguir evaluando las opciones, a fin de tratar de llegar a un acuerdo", indicó la Autoridad del Canal.
Zurich se incorporó a las conversaciones la semana pasada y presentó una propuesta que en su momento el administrador de la ACP, Jorge Quijano, tildó de viable y posible "solución a largo plazo" al conflicto contractual.
Sobre esa propuesta no existe en Panamá información oficial, pero la prensa local ha especulado que Zurich otorgaría 400 millones de dólares de la fianza como un préstamo al GUPC, que por su parte aportaría 100 millones de dólares y la ACP sacaría 350 millones en adelantos de pago garantizados mediante cartas de crédito.
En medio del total hermetismo que ha marcado las negociaciones se han tejido toda clase de conjeturas respecto a los costos adicionales y el retraso que significará este conflicto para el proyecto de ampliación del Canal, que por contrato debía estar operativo en octubre próximo.
El consorcio ya había anunciado el año pasado un retraso hasta junio de 2015 en la conclusión de las obras, y Quijano ha señalado que en caso de que la Autoridad del Canal se vea en la obligación de asumirla haría todo lo posible para que se termine el próximo año.
Para ello, ha dicho Quijano, la ACP cuenta con acceso a hasta 1.500 millones de dólares y la disposición de contratistas que han trabajado antes con la Autoridad.
Pero la prensa local ha citado informes y opiniones de expertos que hablan de un retraso de entre tres y cinco años en caso de que GUPC salga del proyecto.
Quijano sostiene que tanto el GUPC como la Autoridad del Canal quieren concluir la obra y que lo más conveniente sería "terminarla juntos porque es lo más rápido", pero dentro de las normas establecidas en el contrato.
Por ahora la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá se ha ralentizado y avanza a un ritmo del 25 % en comparación con noviembre pasado, según la ACP, que ha dicho que la situación es una causal para rescindir el contrato al consorcio.
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