La economía de Estados Unidos parece estar lista para despegar este año. La actividad está creciendo a un ritmo más que decente –en el tercer trimestre de 2013 se expandió a una tasa anualizada de 4,1%–, las compañías están contratando a más gente –entre agosto y noviembre los nuevos puestos de trabajo promediaron 204 mil– y el Congreso llegó a un acuerdo para financiar al gobierno durante dos años.
Todos estos factores sirvieron como base para que la Reserva Federal decidiera comenzar a disminuir a partir de este mes las compras mensuales de activos, lo que sugiere que el banco central confía en que el país está en un camino sustentable de recuperación.
Sin embargo, la primera economía del mundo enfrenta un obstáculo no menor para poder mantener una expansión sostenida en el tiempo: su deficiente infraestructura.
El informe más reciente sobre esta materia elaborado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, su sigla en inglés) reveló que la nación subió ligeramente desde D (pobre) a D+.
Según la escala de la organización, esto significa que “la infraestructura está en una pobre condición y en gran parte por debajo del estándar, con muchos elementos acercándose al final de su vida de servicio”. Además, existe un fuerte riesgo de fallas.
Si bien ninguna de las 16 categorías analizadas vio un descenso en su calificación respecto del informe de 2009, quince de ellas obtuvieron una nota mediocre o pobre. Sólo el área de residuos sólidos alcanzó una evaluación buena.
Quizás lo más preocupante es que desde 1998 los sectores han estado cerca de reprobar al promediar sólo una D, debido a la postergada mantención y subinversión en casi todos segmentos.
“Para que la economía de Estados Unidos sea la más competitiva en el mundo, necesitamos un sistema de infraestructura de primera clase […] Sin embargo, nuestros sistemas hoy están fracasando en mantener el ritmo con las actuales y crecientes necesidades, y la inversión en infraestructura está flaqueando”, se leía en el reporte.
Los analistas de la ASCE calculan que el país necesitará desembolsar US$ 3,6 billones (millones de millones) hacia 2020 para que sus instalaciones como carreteras, aeropuertos, represas y colegios sean descritas como buenas. Se estima que el financiamiento comprometido llegaría a US$ 2 billones, monto que implica un déficit de US$ 1,6 billón.
Impulso gubernamental
Luego del auge en inversión experimentado en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, el dinero destinado a la infraestructura en Estados Unidos ha ido retrocediendo paulatinamente. La Casa Blanca estima que el país sólo gasta cerca de 2% del PIB en este sector, lo que corresponde a un declive de 50% respecto de 1960 “y mucho menos que países como China”.
De acuerdo a datos compilados por el Financial Times, la inversión bruta de capital por parte del sector público ha disminuido a sólo 3,6% del PIB, lo que se compara con un promedio de 5% en la época de posguerra.
“Esta es la motivación para el deseo del presidente de elevar significativamente la inversión pública”, comentó al periódico británico Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y un consejero cercano de Barack Obama desde su campaña presidencial de 2008.
“La nueva autoridad para la inversión federal en el año fiscal 2012 fue US$ 475 mil millones; si se mira nuestro plan para 2014, ésta llega a US$ 624.800 millones. Estamos proponiendo una gran alza y eso es porque el país no está invirtiendo lo suficiente en su infraestructura y en investigación y desarrollo”, detalló Furman.
Desde que Obama asumió el poder, se han mejorado más de 563 mil kilómetros de caminos y se han reparado o reemplazado más de 20 mil puentes. El paquete de estímulo aprobado en 2009 fue el programa de trabajos en transporte público más significativo desde el New Deal, entregando US$ 48 mil millones a más de 15 mil proyectos.
En el Estado de la Unión de 2013, el mandatario anunció dos iniciativas que buscan impulsar el desembolso en infraestructura. La primera es la llamada política “de arreglo previo”, que tiene como objetivo asignar US$ 50 mil millones a transporte, de los cuales US$ 40 mil millones irían a reducir la acumulación en mantenimiento diferido en carreteras, puentes, sistemas de transporte público y aeropuertos.
El segundo proyecto lleva por nombre “Asociación para Reconstruir Estados Unidos” y su meta es atraer el capital privado. Para lograr esto, el líder demócrata planteó crear un Banco Nacional de Infraestructura que utilizaría USS$ 10 mil millones en dinero público para apalancar la inversión privada.
El presidente ha mencionado este tema en diversas ocasiones –la última fue a comienzos de noviembre–, pero los legisladores no han podido lograr un acuerdo al respecto, en parte por la insistencia de los republicanos de recortar el gasto.
Si las autoridades no resuelven esta situación, tarde o temprano el resto de los rubros económicos comenzará a sentir el impacto de las defectuosas instalaciones. Como advirtió el estudio de la ASCE, “si no se priorizan las necesidades de infraestructura de nuestra nación, las deterioradas condiciones pueden convertirse en una carga sobre la economía”.
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