La administración de Juan Manuel Santos lanzó “Colombia Repunta”, un paquete de medidas diseñadas para asegurar un crecimiento del PIB de 2,5% este año, junto a la creación de 765.000 empleos.
El objetivo principal es reforzar la confianza de los consumidores y de los inversionistas, actualmente obstaculizada por noticias económicas adversas –principalmente por un desempeño económico mediocre reciente– y un ambiente político bastante desfavorable. El último está relacionado con la polarización en torno al tratado de paz con la guerrilla izquierdista de las FARC (firmado en noviembre pasado y que ahora empieza a ser implementado) y, más recientemente, por la tensión generada por las acusaciones de corrupción que están afectando al Ejecutivo.
En este contexto, el anuncio de un paquete de estímulos parece ser en gran parte una táctica de comunicaciones y, por lo tanto, se debe tener mucha precaución en lo que a la evaluación de su posible impacto se refiere.
Colombia Repunta replantea inversiones que ya habían sido formuladas y no involucra ningún nuevo gasto. En 2013 y en 2015, Santos lanzó iniciativas similares llamadas PIPE y PIPE 2.0. Se considera que ambas impulsaron la ejecución de proyectos de infraestructura en particular pero no lo suficiente como para cumplir con la meta de crecimiento del PIB que había sido fijada.
Por ejemplo, PIPE 2.0 apuntó a un crecimiento económico real de 3,5% en 2015, pero la cifra finalmente se ubicó en 3,1%.
Destino del gasto
Dada la reforma fiscal aprobada en diciembre, los desembolsos de Colombia Repunta correspondientes a 24,9 billones de pesos colombianos (US$ 8.600 millones), serán ahora financiados con los ingresos fiscales adicionales. El gasto se destinará principalmente a inversiones en carreteras y otras obras civiles, vivienda, desarrollo social, proyectos asociados con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, y transferencias adicionales a los gobiernos regionales para sus propias necesidades de inversión.
La iniciativa también prevé 15,4 billones de pesos en incentivos para promover la inversión privada, que incluyen la reducción de impuestos corporativos, la eliminación de los derechos de importación sobre alrededor de 3.400 productos (una medida preexistente que estaba previsto que venciera este año pero que se ha hecho permanente), y beneficios fiscales para la inversión en la exploración de crudo, energía renovable, agricultura y turismo.
También se flexibilizarán las normas de inversión extranjera, principalmente para simplificar los procedimientos de registro.
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