Los residentes de la municipalidad de Cinquera, en el noreste de El Salvador, votaron por un amplio margen a favor de la prohibición de la minería en las cercanías de su comunidad. La decisión forma parte de una ola creciente de oposición local a la inversión en minería. El eslogan “no a la minería, sí a la vida” se ha convertido en un grito de protesta nacional.
Cinquera es la quinta municipalidad que decide a favor de una prohibición de la minería, tras votos similares en San José Las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao, en el departamento norteño de Chalatenango. Los votos dan ímpetu político a un proyecto de ley que prohíbe toda la minería en El Salvador, que es defendido por la fuertemente influyente Iglesia Católica.
El Salvador tiene depósitos significativos de oro y plata. Otros metales, como cobre, plomo y zinc también se han detectado. En la década de los ‘90, luego de que terminó la guerra civil, había esperanza de un nuevo impulso de la inversión y actividad minera. Pese a ello, la minería sigue siendo una industria menor y en los últimos 20 años ha contribuido menos de 1% al PIB. Los acontecimientos políticos recientes parecen encaminados a frenar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Respaldo de partidos
El proyecto que prohíbe la minería es respaldado por activistas medioambientales y fue formalmente presentado por representantes de la Iglesia Católica ante la asamblea legislativa el 7 de febrero. Los votos municipales han galvanizado el apoyo de partidos tradicionales de centro y de izquierda, incluyendo al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La defensa económica de la minería no encuentra respaldo político y la oposición a la industria por temas medioambientales está ganando fuerza. El arzobispo de la capital San Salvador, José Luis Escobar Arias, pidió que el proyecto reciba atención urgente debido a los efectos sobre la salud que tiene la minería a tajo abierto. La iniciativa también es apoyada por académicos como el decano de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas.
Inversión frenada
Incluso sin la nueva legislación, el antagonismo a grandes proyectos mineros nuevos ya ha dañado la inversión. En 2009, la minera canadiense Pacific Rim – que luego fue adquirida por la australiana-canadiense OceanaGold– demandó al Estado de El Salvador por rechazar un permiso minero para el proyecto El Dorado. La compañía aseguraba que gobiernos sucesivos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) la habían incentivado a gastar decenas de millones de dólares en exploración, sólo para frenar los permisos mineros una vez que hubo descubrimientos.
El largo caso fue revisado por el Centro Internacional de Solución de Disputas de Inversión del Banco Mundial (ICSID, su sigla en inglés), que en octubre de 2016 negó la compensación por
US$ 300 millones que pedía la empresa y ordenó pagar US$ 8 millones a El Salvador por los costos. La compañía dice que considera el próximo paso legal y parece no haber perdido toda la esperanza de eventualmente extraer oro de El Salvador.
El paso a ley de la prohibición minera está lejos de estar asegurado. Un proyecto anti minero anterior, de 2013, aún no es discutido. Sin embargo, incluso sin una ley, la minería es vista como una industria paria.
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