Las estimaciones de los expertos de EIU apuntan a que la campaña por el “Sí” va a prevalecer en el referendo del 16 de abril sobre los cambios constitucionales para introducir un sistema presidencial de gobierno en Turquía. El resultado probablemente será estrecho y puede depender de cómo voten las minorías kurdas. La mayoría de los kurdos probablemente votará en contra de los cambios propuestos.
Sin embargo, la campaña del gobierno para deslegitimar al partido pro-kurdo en el parlamento y reducir su capacidad para movilizar a los votantes puede desanimar a algunos de ir a votar. La participación entre los votantes kurdos será crucial. Mientras más alta sea, más difícil parece para el presidente Recep Tayyip Erdogan y su gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) asegurar una mayoría a favor de introducir una presidencia ejecutiva.
Una apuesta incierta
Una apuesta del mandatario y de su partido para introducir un sistema presidencial de gobierno con pocos mecanismos de control y equilibrio frente a su poder enfrenta su último obstáculo con el referendo nacional agendado para el 16 de abril.
A sólo un mes de que ocurra, los datos de las encuestas, incluyendo aquellas encargadas por el propio AKP, sugieren que la campaña del “No” tiene una leve ventaja.
Sin embargo, Erdogan y el AKP están haciendo una campaña profundamente divisoria que esperamos que tendrá éxito en convertir el voto por el “Si” en el resultado ganador.
Un nacionalista duro
La posición del heterogéneo voto kurdo y la participación en el referendo serán clave para el resultado de la votación.
Antes de junio de 2015, Erdogan y el AKP podían contar con el apoyo de los votantes kurdos en las provincias de mayoría kurda del sudeste para ganar las elecciones.
Eso estaba basado en la llamada “apertura kurda” del gobierno, el proceso de paz enfocado en terminar con el conflicto armado entre el estado de Turquía y los separatistas kurdos, que resultó en la pérdida de miles de vidas de ambas partes.
Si el proceso hubiera concluido exitosamente, los kurdos-turcos, que representan alrededor de 20% de la población del país, habrían obtenido garantías constitucionales en términos de derechos de minorías y un gobierno más autónomo.
Sin embargo, el proceso llegó a punto muerto cuando las elecciones generales de junio de 2015 y la reanudación de la violencia kurda en julio de ese mismo año dieron una oportunidad a Erdogan para alentar los sentimientos nacionalistas en contra de los kurdos y obtener así una ventaja en una repetición de las elecciones en noviembre, cuando el AKP logró restaurar una mayoría parlamentaria que ha perdido en junio.
Desde entonces, el conflicto con el Estado turco ha escalado a niveles que no se había visto hace décadas, con el separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) –que fue proscrito por el gobierno– y su ala más radical, Halcones de Libertad del Kurdistán (TAK), efectuando ataques terroristas en grandes ciudades del país.
Asfixiando el “no”
El Partido de Dios, una entidad religiosa conservadora kurda, ha declarado su apoyo al sistema presidencialista de Erdogan. Sin embargo, el partido representa solo una pequeña proporción de los votantes kurdos.
Erdogan no debe –y no lo hace– esperar recibir un apoyo significativo de otros votantes kurdos. La mayoría de ellos se sienten traicionados por el mandatario y por el AKP por abandonar el proceso de paz con el PKK.
Sabiendo eso, la estrategia de Erdogan ha sido deslegitimizar al partido pro-kurdo en el parlamento, el Partido Democrático Popular (HDP), como una extensión del PKK y recortar su eficiencia política.
Esa estrategia ha sido implementada de varias formas. En mayo de 2016, el AKP votó por eliminar la inmunidad de los miembros del parlamento que enfrentan una investigación criminal. Casi la mitad de los diputados eran miembros del HDP, que estaban bajo investigación por denuncias de que respaldaron al PKK. El decreto de estado de emergencia, que ha estado en vigor desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, también ha resultado en investigaciones criminales en contra de legisladores del HDP, muchos de los cuales han sido encarcelados y les ha sido retirado su estatus parlamentario e incluso la membresía del partido.
Los dos co-presidentes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, han sido puestos en prisión. Yuksekdag fue despojada por los tribunales de su estatus como diputada y como miembro del HDP.
En total, trece parlamentarios de esa organización política se encuentran tras las rejas, principalmente debido a los amplios poderes que permiten la suspensión de las libertades civiles bajo el decreto de emergencia.
Otros intentos por deslegitimar al HDP y evitar que movilice los votos en el sudeste de Turquía en contra de las reformas se han llevado a cabo y probablemente se intensificarán a medida en que la fecha del referendo se acerque.
Estos incluyen la remoción de alcaldes distritales y provinciales por parte del AKP y su reemplazo por individuos cercanos al partido de Erdogan.
Las oficinas del HDP en todo el país han sido allanadas por la policía y atacadas por grupos ultranacionalistas. Desde el anuncio del referendo, el PKK ha cesado en gran medida sus operaciones militares.
Esto, sin embargo, probablemente no quitará la presión sobre el HDP ni disuadirá al gobierno y a sus seguidores de etiquetar a los miembros del partido, y a la campaña en contra de las reformas en sí misma, como partidarios del terrorismo.
Sin el apoyo del voto kurdo, el triunfo de las reformas propuestas en el referendo es incierto.
Los seguidores del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), junto a sectores disidentes del derechista Partido de Acción Nacional (MHP), y a un tercio de la base del AKP se oponen a las reformas. Pero si los críticos son finalmente disuadidos de votar, entonces Erdogan seguramente ganará.
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