Un total de 173 de las 299 reservas
ambientales creadas por el Gobierno brasileño, es decir el 57%, carece de fiscales que las protejan contra las invasiones de
madereros, cazadores, colonos y agricultores, admitió hoy el
ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc.
En 82 de las reservas ambientales brasileñas tampoco hay un
administrador responsable y 53 carecen de un plan de manejo, según
el diagnóstico presentado por el ministro y elaborado por el estatal
Instituto Chico Medes de Conservación de la Biodiversidad.
De acuerdo con cifras del Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas, las reservas ambientales del país, en su mayoría en la
Amazonía, tienen una extensión sumada de 71,3 millones de hectáreas,
lo que equivale al 8,3% del territorio nacional.
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente cuenta con 400
funcionarios para fiscalizar las áreas protegidas, lo que equivale a
un fiscal por cada 178.250 hectáreas.
"Con ese escenario no podemos cumplir nuestra misión", admitió
Minc en una rueda de prensa, tras afirmar que, además de los pocos
funcionarios disponibles, el organismo también sufre con la falta de
inversiones.
El ministro afirmó que para hacer frente a ese problema el
Gobierno pretende contratar temporalmente a cerca de 1.000 personas
que viven en áreas próximas de las reservas para que ayuden en la
fiscalización y en el combate a incendios.
"Nuestra intención a corto plazo es tener al menos una persona
vigilando esas reservas y una persona administrándolas", afirmó.
Admitió que apenas a final del año será posible tener un fiscal
por cada reserva, debido a que el Gobierno tan solo tiene previsto
formar 180 nuevos fiscales en los cursos que abrirá en agosto y
noviembre.
"Estamos destapando las carencias ambientales para poder anunciar
las medidas administrativas con las que pretendemos resolver esos
problemas a corto plazo", agregó.
Minc admitió que, según los últimos datos divulgados por el
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el 22 por ciento de la
deforestación sufrida por la Amazonía brasileña se registra en las
reservas que teóricamente están bajo la protección del Estado.
"Eso es un absurdo. Si la unidad carece de administrador, fiscal
y plan de manejo es natural que esté desprotegida", aseguró el
ministro.
El funcionario agregó que de las 55 reservas de extracción (áreas
que pueden ser explotadas pero sustentablemente por sus habitantes)
apenas dos tienen un plan para regular sus actividades.
Agregó que esa situación termina perjudicando a las personas que
explotan frutas y recursos forestales en tales reservas debido a
que, sin un plan de manejo, no tienen acceso a crédito para sus
actividades.
El ministro anunció igualmente que conversará con los directores
de las hidroeléctricas brasileñas ubicadas en áreas forestales o
vecinas de reservas para que, así como ya lo hace la central de
Itaipú, la mayor hidroeléctrica en operación del mundo, también se
comprometan y financien la preservación de esas regiones.
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