Se espera que hoy miércoles el Senado chileno apruebe una enmienda constitucional que permita a los trabajadores retirar 10% de sus ahorros previsionales. Si esto ocurre, la enmienda representaría una dura derrota para el gobierno de centro derecha del presidente Sebastián Piñera, que instó a sus representantes en el Congreso a no apoyar el proyecto de ley.
La reforma de pensiones fue una de las demandas clave de las protestas que sacudieron a Chile el año pasado. El pionero sistema de contribución definida, que ha sido ampliamente replicado en todo el mundo, ahora proporciona pagos modestos, y la mayoría de los jubilados reciben menos del salario mínimo.
Permitir que los aportantes retiren sus ahorros podría crear un agujero en lo que había sido un pilar de la historia de éxito económico de Chile.
Andrés Solimano, economista y exdirector del Banco Mundial para Chile, dijo que retirar los fondos sería "la primera gran fisura en el sistema de pensiones".
"Es una consecuencia de las transferencias de efectivo tardías y limitadas del Estado chileno para contrarrestar la crisis del Covid-19", dijo. "La gente necesita el dinero para alimentarse y pagar cuentas, y los fondos, en teoría, pertenecen a la gente".
Fernando Larraín, gerente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensión, dijo que la reforma "va en la dirección opuesta" a la requerida para mejorar las pensiones.
El proyecto de ley de fue aprobado en la cámara baja a principios de este mes, alimentando los temores de los inversionistas de que el populismo está arraigando en el país antes de un histórico proceso de reforma constitucional que comenzará a fines de este año.
Si el Senado lo aprueba, el proyecto será devuelto a la cámara baja del Congreso para su aprobación final. Todavía podría ser vetado por el Tribunal Constitucional o por el Presidente, aunque los analistas dudan que Piñera arriesgue cualquier medida que pueda desencadenar más protestas. Una encuesta este mes mostró que 83% de los chilenos apoya la enmienda.
Los críticos temen que los retiros de hasta US$ 20 mil millones de los fondos de pensiones privados de Chile, que administran alrededor de US$ 200 mil millones, podrían ahuyentar la inversión privada de la que depende Chile para una recuperación económica sólida el próximo año. Se prevé que su economía se contraiga entre 6% y 7% en 2020.
Reforma de pensiones en México
Por su parte, el presidente de México anunció una radical reforma al sistema de pensiones del país, diseñada para enfrentar una crisis en ciernes que el populista gobernante dice que "eliminará la posibilidad de una pensión justa y digna para los actuales trabajadores".
La propuesta, que ha sido ampliamente aplaudida, tiene como objetivo aumentar el pago de jubilación en 40% y asegurar que 80% de los trabajadores tenga una pensión garantizada. Pero los analistas advirtieron que aumentará los costos de los empleadores y elevará el número de personas en el sector informal de la economía.
Al igual que en Chile, los cambios al sistema de pensiones en México amenazan con debilitar las finanzas estatales, que ya están siendo golpeadas por la crisis del coronavirus. Ambos países enfrentan crisis de finanzas públicas mientras luchan contra la pandemia, que ha afectado duramente a América Latina y provocó costosas cuarentenas que han dejado a millones de personas sin trabajo.
"Se trata de cambiar radicalmente las condiciones de jubilación", dijo Arturo Herrera, el ministro de Finanzas de México, en una conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, líderes empresariales y sindicales, y legisladores del partido gobernante Morena.
Herrera explicó que en la actualidad, una persona promedio podría esperar jubilarse con solo 30% de su salario. Según el plan, los aportes de los trabajadores se mantendrán sin cambios, pero los de los empleadores subirán a 13,87% del salario desde el 5,15% actual.
El gobierno mexicano aportará la misma cantidad que antes, un 0,225%, pero esto se redirigirá para beneficiar a los que ganan menos. Los trabajadores además podrán jubilarse después de 750 semanas de cotizaciones, en lugar de las 1.250 actuales.
Aunque no se espera que la propuesta encuentre una oposición significativa en el Congreso, algunos analistas dicen que aumentar las contribuciones de los empleadores inflará el ya enorme sector informal del empleo en el país, en el que los trabajadores no pagan impuestos ni reciben beneficios.
"Esto sólo hace que estar en el sector formal sea aún más costoso", dijo Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Según Inegi, un instituto que rastrea estadísticas estatales, 52% de los trabajadores mexicanos son informales, un aumento de más de 4 puntos porcentuales desde abril, a medida que el Covid ha provocado despidos masivos. Se espera que la economía mexicana, en recesión ya antes de que llegara la pandemia, caiga más de 10% este año, y el gobierno no ha ofrecido exenciones de impuestos ni prórrogas en los aportes previsionales a las empresas para ayudarlas a superar la crisis.
La propuesta "necesita algunos ingredientes adicionales o los empleadores simplemente ingresarán al sector informal", dijo Mariana Campos, especialista en presupuesto del grupo de expertos México Evalúa.
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AFP
