Las protestas de trabajadores en Colombia han marcado un récord este año. Según cifras de la Escuela Nacional Sindical, hasta agosto se habían registrado 283 eventos, lo que se compara con los 290 de todo 2012, la cifra más alta desde 1991.
El aumento en la agitación social responde, en parte, al descontento por la creciente desigualdad, a medida que la apertura de la economía impulsa el crecimiento del país. “Con un coeficiente GINI de 0,539, Colombia es una de las sociedades más desiguales de Latinoamérica después de Honduras y Haití”, explica el asesor del área de investigación de la Escuela Nacional Sindical, Héctor Vásquez.
Pero más allá de los reclamos por las mejoras en las condiciones laborales, las movilizaciones reflejan también una positiva tendencia que viene produciéndose en los últimos años.
A medida que el gobierno ha avanzado en el combate a las guerrillas izquierdistas de las FARC, también ha progresado en desmovilizar a los grupos paramilitares de derecha, los principales responsables de la violencia contra los dirigentes sindicales. El año pasado fueron asesinados 22 representantes de los trabajadores, una situación inaceptable para una democracia consolidada, pero de todas maneras, la cifra representa un enorme avance respecto de los 186 líderes sociales que murieron en 2002.
Protección especial
Paradójicamente, la mejora en el ambiente sindical se explica en parte por los mismos tratados comerciales contra los cuales protestan muchos trabajadores. A medida que el gobierno comenzó a discutir acuerdos con otros gobiernos en la última década, una de las principales barreras que enfrentaba Bogotá eran las críticas de los representantes laborales en los países con los que negociaba, por los elevados niveles de violencia sindical.
Aunque pueden haber sido excusas de grupos proteccionistas para rechazar los acuerdos, las denuncias aumentaron la presión sobre las autoridades sudamericanas para atender él problema. Los tratados comerciales con la Unión Europea y EEUU incluyeron cláusulas para asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores. “El gobierno en su afán de que le aprobaran tratados de libre comercio se comprometió en una agenda laboral y de protección al movimiento sindical que ha cumplido sólo en parte”, concede Vásquez.
Muchos dirigentes sindicales hoy reciben protección y es el Estado el que financia esos esquemas. Para eso el Ministerio de Justicia realiza estudios y establece el grado de riesgos que afronta un dirigente y en función de eso le asigna una protección.
La ayuda va desde otorgarle un teléfono celular para estar permanentemente contactado con las autoridades, hasta rondas a su casas y autos blindados con escoltas.
El propio Vásquez recibió en algún momento un esquema blando de protección luego de que el jefe de seguridad de la empresa donde ayudó a crear el sindicato contrató un sicario para atentar contra él y sus compañeros.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
