El Ministerio de Trabajo de Argentina está en proceso de crear la comisión de Sustentabilidad Previsional, que debatirá la reforma al sistema argentino para que comience a funcionar a partir de marzo. El gobierno ya había anticipado que el cambio de la fórmula que actualiza las jubilaciones era una medida transitoria antes de encarar una modificación integral del marco previsional.
Para eso, el gobierno mira con atención el sistema español, en particular, el Pacto de Toledo. “Nos interesa ver el caso de España, en 2002, con el gran acuerdo post Toledo, que es lo que buscamos nosotros”, explicaron en el Ministerio de Trabajo.
La Ley de Reparación Histórica previó que hasta 2019 la comisión elabore “un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Esa comisión contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.
El debate es de alta sensibilidad. Pero el proyecto podría estar listo a mediados de este año, antes de las campañas políticas. Los gremios elevaron la tensión en las últimas reuniones de la comisión de fortalecimiento que fueron contemporáneas al debate de la fórmula.
Pacto de Toledo
El Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos. Propuso quince recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema de pensiones. En 2003, publicó otras 22 recomendaciones. Se reunió nuevamente en 2016.
Las recomendaciones incluyen la separación y clarificación de las fuentes de financiación (las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y las empresas y las no contributivas, a través del presupuesto). La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La implementación de un sistema de jubilación gradual y flexible que facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC. El desarrollo de sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.
España “contempla por ley que a partir de 2027 la esperanza de vida influya en el cálculo de la pensión”, indicó un informe del Centro de la Investigación de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires.
“Existe un régimen transitorio iniciado en 2013 por el que la edad legal de jubilación se retrasará gradualmente a lo largo de quince años hasta llegar a los 67 años en 2027 (un mes por año durante los seis primeros años y dos meses por año durante los últimos nueve)”, explicó. “La edad legal determina el momento a partir del cual se tiene derecho a percibir una pensión pública. El retraso de la edad legal de jubilación premia con mayor pensión a aquellas personas que llevan más años cotizando a la seguridad social y penaliza a los que llevan menos o perdieron su empleo”, dijo.
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