La aprobación del capítulo de Derechos Fundamentales por el pleno de la Convención Constitucional que consagró en definitiva la propuesta de un sistema de salud nacional único y público que trae profundas implicancias para el sector privado, cuyos principales gremios lanzaron duros cuestionamientos.
En las horas posteriores a la votación, Clínicas de Chile advirtió en contra de los efectos generales del modelo planteado, a pesar de que el pleno finalmente enmendó la versión inicial que prohibía a los prestadores con fines de lucro relacionarse con el futuro sistema y reconoció su existencia como actores en este sector
Y hoy fue el turno de las isapres, los mayores afectados por los cambios al sistema ya que la convención confirmó el fin del sistema de cotización privada en salud, ya que el 7% de las personas se destinará exclusivamente al financiamiento público. “El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema”, detalla el inciso.
Al advertir las consecuencias, la Asociación de Isapres manifestó que un futuro traspaso de sus más de tres millones de beneficiarios a Fonasa implica un “aumento de la carga de afiliados que es un salto al vacío para las personas”.
El gremio sostiene que “el término de los planes de salud y el modelo de atención conocido para solo optar a lo que ofrezca el seguro público” tiene lugar “en medio de una total incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta transformación”. Advierte que entre las situaciones más complicadas están casos como el de los “400 mil pacientes oncológicos, crónicos y adultos mayores que cotizan en Isapre”.
En relación al modelo de salud que establece el proceso constitucional tras la votación del pleno, la asociación critica que “los convencionales están proponiendo un sistema monopólico estatal, que elimina la libertad de elegir, cuando es el sistema público el que requiere mejoras significativas en el acceso y oportunidad, con falta de médicos e infraestructura para resolver las necesidades de más de 2,3 millones de personas en listas de espera”
Asimismo, cuestiona los argumentos de la Convención Constituyente respecto de los beneficios de una reforma como la propuesta y su factibilidad. “Eliminar a las Isapres implica costos para el Estado. Estudios concluyen que las cotizaciones del 7% no son suficientes para financiar las atenciones de los afiliados a isapre; por ende, su traspaso a Fonasa generaría un desembolso fiscal adicional”. En este punto, asevera que “impedir que entidades privadas expertas participen en la seguridad social, intermediando convenios que faciliten a las personas atender sus enfermedades, implica un deterioro de los servicios para los usuarios”.
El futuro de las aseguradoras
El modelo de salud que estableció la propuesta de la Convención Constitucional finalmente no contiene artículos que definan específicamente cuál será el papel que jugarán los aseguradores privados. De hecho, en la votación de ayer se rechazó el inciso aprobado en la comisión que establecía que “podrán existir seguros privados voluntarios, con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud”. Éste sustituía un texto previo más estricto que establecía que estos actores “en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado”.
En este escenario, el gremio señaló hoy que “se ha difundido la idea de que las Isapres pasarán a ser seguros complementarios para mejorar lo que ofrecerá Fonasa. Lo cierto es que no hay ninguna garantía de ello”.
Respecto de las consecuencias, la asociación reitera que “terminar con las isapres no mejorará al Fonasa, muy por el contrario. Las isapres han sido promotoras del desarrollo de los prestadores privados, y su desaparición reducirá la capacidad de brindar prestaciones en todo el país (…) Desgraciadamente, la propuesta de la Convención Constitucional no ha puesto el foco en las personas, sino en desmantelar el sistema privado, con graves consecuencias para todos los usuarios”.
Pleno aprobó normas que consagran un sistema único y público de salud: clínicas acusan que “no dará abasto”
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