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Alto contrasteLa importancia de una gestión contractual eficiente para fortalecer el gobierno corporativo
Por Stephanie Cruz, directora de legal & business de az
Las relaciones comerciales se han complejizado en Chile los últimos años, lo que ha cambiado la naturaleza de los contratos. Las empresas operan hoy con cadenas de suministro más extensas, tecnología, tratamiento masivo de información, proveedores y relaciones que, aunque se ejecuten en nuestro país, muchas veces involucran matrices, plataformas o contrapartes situadas en diferentes jurisdicciones.
A ello se suman una mayor volatilidad económica, cambios regulatorios y exigencias crecientes en materia de compliance, libre competencia, protección de datos, ciberseguridad, sostenibilidad y responsabilidad frente a terceros.
Antes eran habituales relaciones comerciales más lineales: una parte suministraba un producto o prestaba un servicio, la otra pagaba un precio y el contrato regulaba principalmente plazo, precio, incumplimiento y terminación. Hoy, una misma relación puede involucrar niveles de servicio, indicadores de desempeño, licencias de software, subcontratación, transferencia internacional de datos, continuidad operacional, propiedad intelectual, obligaciones ambientales, auditorías, seguros y protocolos de cumplimiento.
Por lo tanto, las empresas necesitan hoy gestionar el ciclo de vida contractual completo: planificación, negociación, aprobación interna, firma, ejecución, seguimiento de obligaciones, modificaciones, renovaciones, terminación y cierre. Esto requiere coordinación entre las áreas legal, financiera, comercial, operaciones, compras, tecnología, recursos humanos y compliance.
Una gestión contractual deficiente puede afectar de forma importante los costos de las empresas. Primero, los costos directos, como sobreprecios, pagos duplicados, penalidades, intereses, entre otros. También puede producirse una erosión progresiva del margen cuando el contrato no contiene mecanismos adecuados de reajuste frente a la inflación, variaciones cambiarias y cambios tributarios.
El segundo grupo comprende los costos operativos. Este es uno de los errores más frecuentes: redactar desde una perspectiva exclusivamente legal, sin pensar en la mecánica del negocio y comprobar que las obligaciones, plazos e indicadores puedan administrarse en la práctica.
En tercer lugar, están los costos legales, regulatorios y de compliance. La ausencia de cláusulas adecuadas sobre anticorrupción, conflictos de interés, protección de datos o auditoría puede aumentar la exposición de la empresa frente a autoridades, clientes y terceros. Incluso, una deficiente supervisión contractual puede contribuir a un delito, por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención.
Finalmente, existe un costo reputacional y estratégico. Una controversia con un proveedor crítico puede afectar la continuidad operacional, la relación con clientes, la confianza de bancos e inversionistas o la capacidad de participar en licitaciones.
Por lo tanto, el contrato ya no es un documento archivado, es una fuente estructurada de información para administrar el negocio, y su gestión eficiente optimiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa.
