La composición del nuevo Consejo Constitucional con una amplia mayoría republicana -23 de los 51 escaños- plantea interrogantes respecto a la inclusión de nuevas materias en medio ambiente, protección de la naturaleza y derechos de agua en la nueva Constitución.
Mientras el Partido Republicano se ha mostrado escéptico a ir más allá de lo que establece la Carta Magna actual, Chile Seguro, que reúne a la UDI, RN y Evópoli, está abierta a abordar ciertos temas. En la otra vereda, Unidad por Chile, continúa la línea ecologista del Gobierno.
Si bien las diferencias están en la profundidad de los cambios, los consejeros no partirán de cero. La propuesta inicial de la Comisión de Expertos -hoy en proceso de enmiendas- propone el capítulo “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. Son tres artículos que establecen la responsabilidad de las personas frente al daño ambiental y el rol del Estado en la conciliación de la protección de la naturaleza con el desarrollo social y el progreso económico y el fomento del desarrollo sostenible y de la colaboración privada.
Más o menos medio ambiente
Desde la coalición Chile Seguro, la consejera electa por la región del Ñuble, Carolina Navarrete (UDI), advirtió que no se debe caer en una “hiper regulación. Hay que establecer normas generales con parámetros para no ir a los extremos, contribuir al progreso del país y beneficiar a las personas”.
No obstante, dijo que lo propuesto por la Comisión Experta aborda temas muy generales “y las enmiendas deberían solucionarlo. Que exista un capítulo específico de medio ambiente quiere decir que el tema debe tratarse con robustez”.
Gloria Hutt, consejera electa de Evópoli por la región Metropolitana (RM), señaló que se debe priorizar el equilibrio del desarrollo con la protección de la naturaleza, el derecho de las personas de utilizar recursos resguardando los ecosistemas y aumentar las sanciones por no cumplir con la protección de los recursos naturales.
Sobre la propuesta de los expertos, dijo que las enmiendas deben “sintetizar las propuestas en conceptos generales. Respecto a la institucionalidad, hay alternativas, ya que se refuerza la actual y se proponen nuevas, pero mi preferencia es perfeccionar la existente”.
Jorge de la Maza, consejero republicano electo por la región de Los Ríos, es partidario de mantener lo que establece la Constitución actual, que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no se cierra a la opción de complementarlo.
“Esta garantía ha dado excelentes resultados” y sostuvo que no debería haber inconvenientes en “discutir la posibilidad de complementar”, por ejemplo, en temas como los principios de sustentabilidad. “En nuestra vereda hay consenso en la relevancia del medio ambiente”.
Respecto de la propuesta de la Comisión de Experta en esta materia, señaló que “no está al día” de los avances.
Desde la coalición oficialista, Unidad por Chile, el consejero electo por la RM, Yerko Ljubetic (Convergencia Social), señaló que en el proceso anterior “el medio ambiente fue bastante desarrollado y pese al fracaso de la propuesta, fue de los menos cuestionados”.
Añadió que hay una demanda ciudadana transversal de que el nuevo texto incluya “las obligaciones del Estado y de la sociedad sobre la protección del medio ambiente y la naturaleza y de la justicia intergeneracional”.
Respecto de la propuesta de los expertos, le preocupa que esta define al medio ambiente “igual que en la Constitución vigente. Hay que avanzar en la línea del derecho a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado”.
En tanto, Aldo Valle (IND-Partido Socialista), consejero electo por la región de Valparaíso, afirmó que “la Constitución es el texto jurídico con mayor proyección hacia el futuro, y en las próximas décadas, el cambio climático y la conservación del medio ambiente y la biodiversidad tendrán una importancia aún mayor que hoy”.
En relación a lo propuesto por los expertos, “los tres artículos son indispensables, pero hay materias que requieren mayor especificidad, como compatibilizar la protección de la naturaleza con el crecimiento económico”, comentó.
Derechos de agua, el tema que divide
Si bien la mayoría está de acuerdo en que el consumo humano debe tener prioridad, las diferencias surgen en mantener o no el actual sistema de concensiones de derechos de aprovechamiento de agua.
De la Maza, Navarrete y Hutt son partidarios de no modificar la actual titularidad de derechos de agua.
En el detalle, Hutt dijo que los derechos deberían estar asociados a proyectos -priorizando el derecho para consumo humano, para cultivos y salud- respetando las concesiones vigentes, porque “permiten realizar actividades productivas de largo plazo, sujetas a las restricciones ambientales y de impacto que pudieran producir”.
Desde Unidad por Chile, Ljubetic, señaló que se debe revisar el actual esquema regulatorio de la existencia de derechos de agua, “que consolida una perspectiva de propiedad privada sobre una cuestión que estamos declarando un derecho humano”.
Valle, en tanto, afirmó que “debe prevalecer el derecho al agua para el consumo humano y para las actividades, enfocado en el uso doméstico y en las economías de menor escala, las que, en un sistema solo de mercado, corren riesgo de no tener acceso”.
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