Nuevamente las alertas en la industria financiera están encendidas ante el avance de una moción parlamentaria que busca "eliminar" las deudas contraídas por las personas y las PYME durante la pandemia.
La iniciativa firmada por los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Tomás Hirsch (INP), Cosme Mellado (PR), Jaime Mulet (FRVS), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Raúl Soto (IND), se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Economía de la Cámara.
La moción establece la prohibición a los registros o bancos de datos personales, como por ejemplo, de empresas como Equifax a través de Dicom, comunicar los datos relativos a las obligaciones financieras a los bancos, que se hayan hecho exigibles con posterioridad al 18 de octubre de 2019 y que se encuentren impagas.
En el caso de las PYME, quedarían exentas aquellas que tienen ventas menores a UF 100 mil y para las personas que, a la fecha de publicación de la ley, tengan un total de deudas impagas inferior a UF 150 por concepto de capital. Esto excluye intereses o reajustes.
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Las restricciones de informar las deudas regirían una vez que la iniciativa sea ley y duraría por 120 días corridos posteriores al término del estado de excepción constitucional.
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La advertencia de los bancos
Frente a esta moción, la Asociación de Bancos (Abif) hizo llegar una presentación a la Comisión de Economía de la Cámara donde hizo ver los efectos de si esta propuesta prospera en el sistema financiero.
El gremio presidido por José Manuel Mena indicó que la información crediticia es clave para el funcionamiento del sistema bancario puesto que de no existir, se produce un "menor incentivo para cumplir obligaciones, ya que no pueden formar capital reputacional para acceder a mejores condiciones de crédito en el futuro".
Asimismo, según la banca, esto conlleva a que los buenos pagadores enfrentarían condiciones de crédito más restrictivas, con mayores tasas y una menor oferta de crédito.
Así, ante la ausencia de datos crediticios la Abif advierte: no se podrá "discriminar entre buenos y malos pagadores implicando que la tasa de interés aumenta y la oferta de crédito se torna más restrictiva".
El gremio aseguró que "la evidencia específica a los 'borrones' en Chile ratifica los efectos negativos de limitar la información".
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Según el gremio, en 2012 cuando se eliminó los datos de deudores morosos con obligaciones menores a $ 2,5 millones, huvo un "impacto negativo en el acceso de crédito y en las tasas de incumplimiento de sus beneficiarios. Un pequeño número de deudores se benefició de una disminución en las tasas de interés, mientras que un mucho mayor número vio un incremento en las tasas de interés".
Otros "borrone"s que se hicieron por una vez fueron en junio de 2002 y febrero de 2012. La diferencia con aquellas iniciativas y el proyecto que discute el Congreso es que la Abif mencionó que ahora se "establece una restricción que tiene una vigencia de varios meses, de hasta 120 días una vez finalizado el estado de excepción, los costos son difíciles de cuantificar".
Precisó que "es evidente que la contracción crediticia será especialmente severa. Sin embargo, el daño causado a los clientes actuales y potenciales de crédito será gigantesco, especialmente en un escenario como el actual".
En esa línea, señalaron que "los efectos negativos de menor información se focalizan en los segmentos de menores ingresos, incluyendo tanto a clientes con mora como a aquellos sin morosidad".
Contexto económico
La banca hizo ver que dado el actual escenario económico "debiéramos fortalecer el proceso crediticio, y no debilitarlo". Además, evidenció que los niveles de morosidad de las personas y las PYME se encuentran en niveles históricamente bajos.
De acuerdo a los últimos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Abif informó que dada la alta liquidez que existe en la economía, los niveles de morosidad en la cartera de créditos hipotecarios llegó a 1,36% y 1,39% en consumo, alcanzado mínimos históricos.
Con estas cifras, el gremio apuntó al Congreso la necesidad de avanzar en un sistema de información crediticia consolidada ya que no existe una estructura que permita agrupar a las deudas y poder entregar mejores condiciones a quienes tienen mejor comportamiento de pago.
La Abif dijo que "las brechas de información en Chile requieren ser abordadas con el fin de avanzar, y no retroceder". En esa línea, ahondó que se debe contar con un sistema moderno de obligaciones económicas.
Cabe recordar que esta materia fue un compromiso que abordó el Ministerio de Hacienda y de Economía del actual gobierno. Esta última cartera seguró que el proyecto iba a ingresar en enero de 2020, algo que aún no se ha concretado.
De cara a las elecciones presidenciales, quien sumó la idea de contar con un sistema de deuda consolidado en el país fue el candidato del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric.
En el corto plazo, la Abif dijo que se podrían perfeccionar los esquemas de garantías estatales y los mecanismos de financiamiento de largo plazo del Banco Central.
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