La disputa legal entre los principales bancos del país y los exchanges de criptomonedas continúa en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Banco Itaú Chile aportó el mes pasado nuevos antecedentes al Tribunal para justificar el cierre de cuentas bancarias a las empresas que comercializan monedas virtuales.
El banco exhibió los resultados del informe de evaluación a Chile publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El documento evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por parte de Chile y la efectividad de su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En lo que concierne a nuevas tecnologías, GAFI había recomendado dos elementos: primero, identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto a nuevos productos, prácticas comerciales o tecnologías.
La segunda sugerencia es garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales -como los exchanges de criptomonedas- estén regulados, tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo.
Según Itaú, el informe evalúa negativamente el nivel de cumplimiento de Chile sobre estas recomendaciones.
El informe que presentó el banco concluyó que “no se advierte que se hayan identificado y evaluado los riesgos vinculados al desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales, y al uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos nuevos o productos existentes”.
En consecuencia, le asignó a Chile la segunda peor calificación para estas recomendaciones.
Itaú sostuvo que “esa calificación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo vinculado a nuevas tecnologías se encuentra solo un nivel por encima del incumplimiento total y refleja una brusca caída respecto de la evaluación previa de 2010”.
Así, Chile descendió al nivel de países como Haití, Etiopía y Pakistán.
Falta de regulación
El banco argumentó que “la deficiente calificación obtenida en el informe solo ratifica la precaria situación regulatoria de Chile en esta materia, que Itaú tuvo a la vista al cerrar o negar la apertura de las cuentas de las demandantes. Itaú no tenía más alternativa y así lo viene señalado desde el inicio de este procedimiento, hace más de tres años”.
Añadió que “se limitó a cumplir su deber y la ley, de forma fundada, objetiva, razonada y en línea con lo que además le exige la regulación internacional en la materia. Todos los hechos ocurridos desde la presentación de las demandas a la fecha no han hecho más que demostrarlo”.
El conflicto legal se inició en 2018 cuando una serie de bancos cerraron o negaron la apertura de cuentas a los exchanges, lo que impulsó una demanda contra las entidades bancarias ante el TDLC.
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