El lunes, un día después de que BancoEstado informara a sus clientes que fue víctima de un ciberataque, la entidad presentó una querella por sabotaje informático en el Séptimo Juzgado de Garantía, causa que investiga el fiscal Jaime Retamal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Sin embargo, algunos parlamentarios han acusado que la acción judicial que inició el banco estatal tiene pocas posibilidades de éxito, debido a que la legislación vigente sobre la materia, la Ley 19.223 que tipifica delitos relativos a la informática, es de 1993, es decir, de hace casi 30 años.
La situación se la hizo saber el senador Felipe Harboe al propio presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, en la comisión de Economía del Senado del miércoles, cuando indicó que la querella, probablemente, no tenga un buen puerto.
“Más allá de los esfuerzos del sistema de persecución, estos delitos son de alta complejidad técnica, demandan coordinaciones internacionales, inteligencia y técnicas muy especializadas. Además, la ley vigente, de 1993, tiene sanciones muy anticuadas”, profundiza el parlamentario, consultado por DF.
Coincide con él el diputado Jorge Alessandri, que espera apurar la modernización de la ley vigente.
“Evidentemente que la querella no tendrá éxito. En materia tecnológica o de ciberseguridad, seis meses es mucho tiempo, un año es una enormidad y, por lo tanto, cuando con una ley de los ’90 se intenta resguardar las instituciones financieras y sus datos, por supuesto que no se va a lograr”, comenta.
Por otro lado, el senador Kenneth Pugh, apunta que con la legislación actual se dificulta imponer sanciones a personas o grupos internacionales, como los que se prevé atacaron a BancoEstado.
“La actual legislación queda corta. En el año que se pensó estaba relativamente bien avanzada e incluyó la figura de sabotaje informático, pero no tiene todos los elementos necesarios para que un juez, si efectivamente se encuentra a el o los delincuentes, ejerza las potestades, más todavía si no están en el país. Habrá que ver la información que obtenga el banco”, señala.
Modernización
En 2018, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley con el que busca adecuarse al Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest, pacto que Chile firmó.
La iniciativa, que deroga la Ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales, se encuentra en su segundo trámite legislativo tras ser despachado desde el Senado. El miércoles, los parlamentarios solicitaron al gobierno apurar su discusión en la Cámara de Diputados.
“Lo que hace el proyecto de ley es que moderniza los tipos y nos lleva a la realidad actual de la ciberseguridad. Sin duda que hoy todas las empresas guardan los datos en el entorno tecnológico. Los tipos penales que tenemos actualmente están obsoletos, lo que hace que sean difíciles de perseguir, en el evento en que se encuentre un responsable”, dice la asociada senior Alessandri Abogados, Macarena Gatica.
En ese sentido, el proyecto cambia el tratamiento con el que se define al sabotaje y espionaje informático, adecuándolos a las figuras reconocidas en el Convenio de Budapest.
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