En los últimos días, los tribunales de Justicia han declarado admisibles dos querellas presentadas por la defensa de Julio Ponce. La primera, contra el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y otras dos autoridades de dicha institución; y la segunda, que pide investigar las diversas filtraciones que se han sucedido tras la formulación de cargos contra el controlador de SQM. (ver nota en pág. 19)
Jorge Bofill, el abogado penalista que encabeza esta arremetida judicial de Ponce, explicó a
Diario Financiero los motivos para iniciar dichas acciones, aclarando de entrada que “esto no es una maniobra”.
- ¿Cuáles son las razones para presentar la querella contra las autoridades de la SVS?
- Esta querella obedece a que la defensa de Julio Ponce hizo todo lo posible por mantener la discusión en su sede original -la SVS-, pero con condiciones mínimamente aceptables de debido proceso. A la SVS se le hicieron múltiples presentaciones denunciando hechos en los cuales estaban involucrados Moneda y otros actores del mercado y se le solicitaron diligencias de investigación. A su vez, en las investigaciones que inició en contra de Julio Ponce, a las cuales puso mucho menos dificultades, o en realidad ninguna, se le pidió respetar esos mismos estándares mínimos. Sin embargo, todo eso fue en vano. Cuando nos convencimos de que la única forma de enfrentar este trato injusto e ilegal era requerir la intervención de otros órganos del Estado, nos querellamos.
- En la querella se presentan una serie de resoluciones de la SVS que serían abiertamente injustas y perjudiciales para su defendido. ¿Están considerando pedir al Ministerio Público la suspensión de la investigación que lleva la SVS por los hechos denunciados en la querella?
- No quiero comentar el contenido de la querella, pues eso es materia de la investigación del Ministerio Público. Pero en todo caso, el Ministerio Público no tiene facultades para suspender el proceso administrativo. Esto no es una maniobra, es una acción penal seria que tiene por objeto se sancione a los funcionarios públicos que la investigación determine como responsables de las decisiones arbitrarias y manifiestamente injustas que hemos denunciado, y por no haber dispensado a un ciudadano, que tiene derechos como cualquier otro, la protección que la ley le otorga.
- En la querella mencionan “los manifiestos intereses económicos” del presidente Sebastián Piñera en Soquimich y sus sociedades controladoras y señalan que dicha autoridad mantendría acciones de las Cascadas a través del fideicomiso ciego que administra Moneda. ¿Han solicitado o van a solicitar alguna diligencia que permita dilucidar esta afirmación que hacen ustedes?
- Como ya dije, no voy a comentar el contenido de la querella. El Ministerio Público es el que en esta etapa debe decidir qué diligencias le parecen relevantes y cuándo. En cuanto a lo que vayamos a pedir, eso lo haremos donde corresponde: ante el fiscal.
- ¿Pero ustedes están convencidos de que el presidente Piñera tiene acciones en las cascadas a través del fideicomiso?
- En cuanto a la posesión de acciones o no por parte del presidente Piñera, lo relevante no es que nosotros estemos convencidos o no. De hecho, nuestras convicciones son irrelevantes. Lo que importa es otra cosa: si se confirma que el presidente tiene acciones, entonces él será uno más de los interesados directos en este conflicto, y si eso fuera así, la pregunta es qué independencia le queda al superintendente, cuyo cargo es de exclusiva confianza del presidente, para decidir en el caso. Mi opinión es que no tiene ninguna independencia, pero es obvio que hasta la fecha el señor Coloma ha insistido en querer ver las cosas de otra manera. Eso es sospechoso en sí mismo y constituye una justificación por sí sola de la querella. Ni Julio Ponce ni su defensa tienen ningún miedo de que resuelva respecto de los cargos que formuló la SVS, pero no podemos aceptar que la autoridad que está a cargo de resolver no sea imparcial.
- ¿Los tres querellados deberían quedar inhabilitados para continuar con esta investigación?
- Quien indudablemente está inhabilitado para actuar es el superintendente. Tal como lo ha venido diciendo la defensa de don Julio Ponce en la sede administrativa, no se puede ser funcionario de exclusiva confianza de alguien y cuidar los intereses económicos de esa misma persona, que ha reconocido ser una “posible víctima” en este caso.
- ¿Qué penas arriesgan por los delitos que acusan a los querellados?
- Las penas que señala la ley son de suspensión del empleo o cargo y multa, pero para que lleguemos a discutir eso falta mucho. Por ahora, lo importante es que se deje al Ministerio Público investigar, sin injerencias externas.
- Respecto a la querella por la filtración de documentos. ¿Cuál es su objetivo?
- Existen varias etapas del proceso que han vulnerado la norma administrativa que rige a la SVS. Por ejemplo, nuestros descargos fueron filtrados de una manera bien sesgada, con una lógica de litigante particular que es impropia de un organismo público, porque se dieron a conocer en aquello que
le resultaba más cómodo a quien los dio a conocer, pero guardándose todo lo que tenía que ver
con las situaciones más incomodas para la propia SVS, especialmente
lo que tiene que ver con la intervención de terceros en estas operaciones y también con el hecho de que
hay sociedades vinculadas directa o indirectamente con el presidente de la República que intervinieron en operaciones que son idénticas a aquellas que motivan los cargos. La lógica con la que se ha actuado desde la SVS no se condice con su rango de autoridad pública.
- Los descargos de Julio Ponce ante la SVS acusan “presiones indebidas” de Pablo Echeverría para conseguir la fusión de la cascadas. ¿Esto puede ser motivo de querella? ¿Qué detiene a la defensa para presentarla?
- La defensa de don
Julio Ponce no tiene por costumbre comentar lo que pueda o no hacer en el futuro. Cada cosa a su tiempo.
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