En un nuevo capítulo de la séptima temporada de Conversaciones DF de Diario Financiero, la abogada Nicole Nehme, socia de FerradaNehme, enfatizó la importancia de que el reconomiento de la libre competencia sea un principio fundante en la nueva Constitución. Además, destacó que incluiría el principio de neutralidad económica cuando el Estado desempeñe funciones económicas.
“El hecho de que esté contemplado en la Constitución no garantiza una mejor institucionalidad, ni una mejor persecución y viceversa, lo que garantiza un buen sistema de libre competencia es que hayan buenas instituciones, que sean independientes, que sean probas, que haya buena legislación y desincentive las conductas de violación a la libre competencia con sanciones altas, eventualmente con penas de cárcel como ya existe en Chile”.
“Se necesita un principio orientador que contemple el valor de la libre competencia bien escrito, con el bien jurídico bien detallado, que establezca la existencia de instituciones que van a tutelar el cumplimiento de las normas y, lo que yo creo que es importante, la neutralidad del Estado en el desempeño económico. O sea que cuando las empresas del Estado desarrollen actividades económicas, lo hagan en términos equitativos con las empresas privadas”.
“Dejaría el reconocimiento del principio de libre competencia, como principio fundante, relevante para el Estado de Chile, dejaría el principio de neutralidad económica cuando el Estado desempeñe funciones económicas (…) que se definan bien los bienes jurídicos y ojalá se reconociera explícitamente la mantención del tribunal de la libre competencia”.
“El reconocimiento como derecho en un país no genera una institucionalidad más sólida que en el caso de Chile, que hasta ahora no lo tenía reconocido como derecho pero tenía una institucionalidad bastante sólida y reconocida a nivel mundial”.
“La indignación social, particularmente cuando la colusión se refiere a bienes básicos esenciales para las personas, existe porque la institucionalidad está funcionando, porque está haciendo visible estos casos, porque hay una persecución efectiva y porque están terminando estos casos en tribunales, cada vez con sanciones más altas”.
“Las conductas de colusión se sancionan aunque no afecten los mercados, existen las anticonductas que se llaman per se, que son tan graves que se sancionan por el solo hecho de existir, por ejemplo, la fijación de precios o ponerse de acuerdo para participar en licitaciones o repartirse los mercados (...) al establecer la necesidad de que produzca un efecto de funcionamiento se está reduciendo el número de hipótesis”.
“La mayoría de los casos de corrupción perseguidos en los últimos años han nacido de una delación compensada, pero la FNE ha protegido con uñas y dientes al delator, le da la inmunidad, la protege y la garantiza. Al meterse el Ministerio Público al juego quizás se hace más complejo obtener esa certeza jurídica y las personas podrían tener miedo de recurrir a la delación compensada, con lo cual se eliminaría una herramienta muy eficaz del sistema”.
“La FNE bajo el sistema actual está obligada a querellarse, obligada cuando se trate de casos que impacten el interés social, o sea, todos los casos que hemos visto emblemáticos en el pasado, si se repitiera hoy día la fiscalía no es que pudiera, está obligada a querellarse”.
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