Pese a que durante enero no ha habido nuevas formulaciones de cargos o pronunciamientos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre la investigación administrativa en el marco del Caso Cascadas, la arista judicial continúa su desarrollo por parte de la defensa, así como de la Fiscalía y los querellantes.
El equipo jurídico que representa a Fernando Coloma, junto al intendente de Valores, Hernán López, y a Hugo Caneo, jefe del área de Cumplimiento de Mercado, en la querella presentada por Julio Ponce por prevaricación administrativa y abusos contra particulares, está por el momento trabajando en una serie de documentos y preparando las declaraciones ante el fiscal José Morales que se desarrollarán a inicios de febrero.
Y si bien la Fiscalía no ha pedido antecedentes adicionales a la defensa de los personeros de la SVS, el equipo de abogados, encabezado por la ex defensora nacional Paula Vial, continúa preparando material que eventualmente sería solicitado por el fiscal, o que será entregado junto a la declaración de Coloma, López y Caneo.
Cercanos a la causa señalan que el fiscal ha realizado múltiples diligencias durante las últimas semanas y tomado declaraciones, principalmente por el lado de la parte querellante.
Fin de los recursos de protección
Por su parte, el otro equipo jurídico externo que trabaja junto a Fernando Coloma, del estudio de abogados Ferrada Nehme, ya habría concluido su trabajo en la arista de los recursos de protección presentados en contra de la SVS por Aldo Motta y Roberto Guzmán.
Y aunque el primero se desistió del recurso y la Corte Suprema declaró inadmisible la queja del segundo, cercanos a la defensa de Aldo Motta dicen que continúa estudiando “nuevos caminos” en su estrategia judicial.
Y en caso de que prosperara una nueva acción judicial por parte del equipo jurídico de Motta, cercanos al proceso explican que la Superintendencia decidirá en ese entonces si continúa trabajando con los mismos abogados, porque “por el momento este proceso ya está terminado”.
Contraloría aún no se pronuncia
A fines de noviembre pasado, la defensa de Julio Ponce inició una nueva arremetida contra la Superintendencia de Valores y Seguros, al acudir a la Controlaría General de la República para que la entidad se pronunciara sobre la legalidad del proceso administrativo que el regulador inició en contra del empresario y otros tres altos ejecutivos de las sociedades cascada.
Semanas más tarde, la entidad que dirige Ramiro Mendoza solicitó una serie de antecedentes del caso a la SVS, sobre las características de la investigación administrativa en curso.
Y aunque el desarrollo del análisis de Contraloría es de carácter reservado, ya tendría los antecedentes solicitados a la Superintendencia, con lo que estaría en condiciones de pronunciarse en poco tiempo.
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