Por Jimena Catrón Silo
Como una victoria es calificada por parte de la defensa del superintendente de Valores (SVS), Fernando Coloma, lo que sucedió el viernes pasado. Esto porque si bien Aldo Motta, gerente general de Norte Grande y otras sociedades de las llamadas “cascadas” de SQM, finalmente se desistió del recurso de protección interpuesto en contra del regulador, el intendente de Valores, Hernán López, y el jefe del área de Cumplimiento, Hugo Caneo, el hecho de que el tribunal lo condenara a pagar las costas de la defensa de la SVS, implica que, en realidad, nunca existieron razones reales para presentar dicho recurso. Así sostiene el abogado Paulo Montt, socio del estudio Ferrada&Nehme, quien forma parte del equipo integrado por Nicole Nehme y Luis Cordero, a cargo de la defensa en el área civil del regulador.
- ¿Que importancia tiene que la corte obligue a Aldo Motta a pagar costas?
- Es importante y una buena noticia, porque quiere decir que no existió un motivo plausible para litigar. La SVS ha debido destinar una relevante cantidad de recursos públicos para defenderse de este tipo de acciones, lo cual adicionalmente obstaculiza su labor de fiscalización. La condena en costas permite resarcir al menos una parte de esos costos. Sólo para dar una dimensión del tema, las personas a las cuales se les formuló cargo han iniciado una avalancha de acciones administrativas y judiciales, nunca antes vista en la historia de los procedimientos desarrollados por la SVS. Esto incluye más de 45 recursos administrativos, reclamos ante la Contraloría, recursos de protección, recursos de queja e incluso dos querellas criminales. Y eso que recién se está iniciando la etapa probatoria. Esta avalancha de acciones viene a cuestionar actuaciones y prácticas que se han desarrollado por décadas por la SVS, de acuerdo a su normativa vigente.
- Qué diferencia implica que los recursos presentados sean contra funcionarios y no contra el organismo?
- Pareciera que aquí hay una estrategia de amedrentamiento, porque no sólo se han interpuesto acciones para impugnar actos administrativos, sino también acciones que atacan directamente a las personas que están ejerciendo sus funciones. El hecho que el recurrente se desistiera de su recurso justo después de los alegatos y antes de dictarse el fallo, es una muestra de que aquí no se buscaba impugnar un acto ilegal sino entorpecer la labor de la SVS y retrasar el procedimiento.
- Cuál cree que es el fondo detrás de esos recursos?
- Pareciera que se ha buscado por todas las vías posibles inhabilitar al superintendente y evitar que el procedimiento se desarrolle eficazmente. No nos parece responsable por parte de la defensa del Sr. Motta que, luego de haberse deducido el recurso de protección, solicitado una orden de no innovar, evacuado el informe por parte de los recurridos y efectuado los alegatos, finalmente decida desistirse de su recurso. Este recurso de protección no es un acto aislado, sino que es parte de una estrategia -probablemente coordinada- de atacar por todas las vías posibles el procedimiento administrativo sancionador que lleva adelante la Superintendencia. Nos parece grave que se ponga en marcha todo el aparato juridicial –obligando a la SVS y los tribunales a incurrir en un desgaste importante de recursos– para, finalmente, optar por desistirse de una acción que supuestamente tenía por objeto tutelar derechos fundamentales que estarían siendo vulnerados.
- Cuál es la señal que se le entrega, con este caso, a las entidades fiscalizadoras? -
Si bien no se trata de una sentencia sobre el fondo, es una señal importante porque la SVS tiene la convicción de haberse apegado en todo momento a la ley.
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