El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, decartó ayer que la institución que encabeza esté considerando hacerse parte en las investigaciones relacionadas con el denominado caso cascadas.
“En este minuto, nos parece impropio intervenir, salvo que se nos formule un requerimiento formal con alguna condición particular de lo que está sucediendo en el caso cascadas”, dijo Mendoza tras asistir al seminario sobre el Marco Integral de Rendición de Cuentas Pública.
El tema ha quedado en el centro del debate público, luego de que a comienzos de septiembre, la Superintendencia de Valores y Seguros presentara cargos contra Julio Ponce, principal accionista de SQM, y otros tres altos ejecutivos, por una serie de operaciones que habrían ido en perjuicio de los accionistas minoritarios de las sociedades cascadas y los institucionales.
Tras la presentación de los cargos, el tema también comenzó a ser evaluado por el Ministerio Público. Junto con ello, la Superintendencia de Pensiones inició una investigación sobre el eventual impacto en las AFP y el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago, así como un comité ad hoc convocado por su directorio ,decidieron analizar la situación.
Mendoza explicó que, como organismo, son “cautelosos” de intervenir cuando hay procedimientos administrativos que están en curso, por órganos competentes. “Aquí la Superintendencia de Valores y Seguros tiene sus competencias, la Superintendencia de Pensiones tiene sus competencias“, dijo.
Inhabilidad
del superintendente
Sobre los reclamos presentados por la defensa de Julio Ponce a la SVS pidiendo que el superintendente Fernando Coloma se inhabilite en el proceso de investigación, el contralor informó que no ha recibido recursos formales por parte de los abogados del empresario, y que por lo tanto, no corresponde que inicie una investigación sobre este punto.
“Nos hicieron presente que iba a ir con una situación de inhabilidad respecto del Superintendente, pero nadie ha ido. Se ha insinuado, yo lo he visto en los medios, pero nadie lo ha presentado (...) Mientras no llegue una resolución o una petición de una decisión formal, no podemos hacer ningún comentario”, sentenció.
En su presentación a la SVS, el equipo de juristas de Julio Ponce argumentó que el superintendente ocupa un cargo de confianza del presidente, y que tras las declaraciones del mandatario a un programa de radio, señalando que estaba siguiendo de cerca la investigación, no se podía garantizar la independencia del titular del ente regulador.
La solicitud, sin embargo, fue desestimada por la SVS, luego de lo cual los representantes legales de Ponce habían dejado traslucir que podrían insistir con la iniciativa en otras instancias, como la contraloría.
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