A fines de noviembre pasado, la defensa de Julio Ponce inició una nueva arremetida contra la Superintendencia de Valores y Seguros, al acudir a la Controlaría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del proceso administrativo que el regulador inició en contra del empresario y otros tres ejecutivos. Y todo indica que el pronunciamiento de la entidad que dirige Ramiro Mendoza estaría cerca de conocerse.
“Estamos por estos días estudiando la presentación, no descartamos pedir nuevos antecedentes a cualquiera de las partes y probablemente hacia fines de esta semana podamos tener un pronunciamiento”, dijo el contralor.
Hace un mes, el propio Mendoza había descartado que la institución que encabeza estuviera considerando hacerse parte en las investigaciones relacionadas con el denominado caso cascadas, “salvo que se nos formule un requerimiento formal con alguna condición particular de lo que está sucediendo en el caso”.
El 10 de septiembre, la entidad que dirige Fernando Coloma formuló una serie de cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, y a Ley de Mercado de Valores, por una serie de operaciones realizadas con las sociedades cascada entre 2009 y 2011.
Estrategias de la defensa
Desde esa fecha, la defensa de los cuatro ejecutivos, a los que el regulador identificó como parte de un esquema elaborado para negociar acciones de las sociedades cascadas en perjuicio de los minoritarios, iniciaron una serie de estrategias que han incluido desde recursos de protección, querellas hasta presentaciones ante el órgano contralor, con el fin de detener el proceso administrativo iniciado por la Superintendencia.
A través de un informe a la Corte de Apelaciones, la Superintendencia de Valores y Seguros desestimó los argumentos del recurso de protección que la defensa de Aldo Motta presentó contra del titular de la SVS, Fernando Coloma; el intendente de Valores, Hernán López; y el jefe del área de Cumplimiento de Mercado, Hugo Caneo.
En el recurso se alega que la prórroga para la presentación de descargos fue firmada por Caneo, “en circunstancias de que Coloma estaría imposibilitado de delegar dicha decisión”.
El propio superintendente Coloma no descarta incluso formular cargos contra otras personas o entidades.
Las quejas Pruebas y testigos La defensa de Julio Ponce cuestionó ante la Contraloría en noviembre pasado que la Superintendencia de Valores y Seguros les solicitara pruebas y testigos luego de entregar los descargos del empresario, que es objeto de la formulación de cargos en el proceso administrativo del Caso Cascadas. Esta situación había generado el malestar en el equipo jurídico porque, a su juicio, es la Superintendencia la que debe demostrar que se cometieron los hechos que se imputan.
Sin detalles Adicionalmente, la defensa plantea que la SVS no especificó los puntos sobre los cuales se necesitan las pruebas a Ponce.
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