A pocos días que se acabe el plazo para que Julio Ponce presente sus descargos a la formulación de cargos, sus abogados decidieron arremeter ante la SVS. La movida no es menor y es similar a la que se dirigió hacia las AFP, dado que lo que busca es abrir la investigación a otros actores que habrían participado en las mismas operaciones que el regulador cuestiona al controlador de SQM.
A través de una solicitud presentada este miércoles a la entidad que encabeza Fernando Coloma, la defensa de Julio Ponce en el llamado “Caso Cascadas”, liderada por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, pide aclarar una serie de operaciones en la que, según ellos, estarían involucradas sociedades que pertenecieron al presidente Sebastián Piñera. En el escrito de siete páginas se describen presuntas transacciones que se habrían realizado en el mismo período cuestionado por el regulador y que además estarían dentro del “esquema” revelado por la SVS. Además, solicitan antecedentes que permitan aclarar si el presidente mantiene participación en las cascadas a través del mandato entregado en 2009 a Moneda Corredores de Bolsa.
Asimismo, hace hincapié en las declaraciones realizadas por Piñera el martes 15 de octubre a la Radio Bío Bío, donde reconoció que sigue de cerca la investigación de la SVS: “Como presidente me he preocupado del tema para que se haga lo que se tiene que hacer, investigar, si corresponde, sancionar y tratar de compensar el daño causado”, cita el escrito, lo cual a juicio de los abogados podría ir en contra de la imparcialidad del superintendente, aludiendo una serie de normativas y jurisprudencia administrativa al respecto.
Con todo, piden que mientras no se entregue la información que solicitan, se suspenda el proceso sancionatorio, en particular, el plazo para presentar los descargos.
Consultado sobre el tema, Fernando Barros, abogado de Bancard, señaló que “en el año 2009 tanto Sebastián Piñera como sus empresas decidieron voluntariamente constituir una estructura de fideicomiso ciego conforme se informó a la opinión pública en su momento y desde ese entonces ni él ni sus empresas tienen injerencia ni conocimiento de las inversiones bursátiles que puedan haber hecho los cuatro administradores profesionales”.
Por otro lado, conocedores del caso, aseguran que el escrito se trataría de una acción desesperada de Ponce para desviar el foco de atención.
Imparcialidad del regulador
Hace unos días, el presidente Piñera reconoció en una entrevista a Radio Bío Bío que alguna vez invirtió en las sociedades cascada con las cuales Julio Ponce controla SQM. Tras los dichos, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que tuvo acciones y que las vendió antes de ser presidente. En dicha oportunidad, Piñera sostuvo además que se ha preocupado del tema de las cascadas “para que se haga lo que se tiene que hacer”.
Frente a estos dichos, la defensa de Ponce señala que el interés del mandatario “podría restar imparcialidad a ese Superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.
En su línea argumentativa cita artículos legales y jurisprudencia de cómo deben actuar los funcionarios del sector público frente a casos de este tipo. “El artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, califica como “especialmente contrario al principio de probidad”, el “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” al funcionario de que se trate. Agrega dicha norma que: “Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos…”.
Asimismo, la defensa de Ponce reconoce que si bien la Superintendencia es un órgano autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “su titular es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que en tal carácter puede ser nombrado y removido al solo arbitrio de éste”.
Otras de las declaraciones que se mencionan en el escrito son las del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, donde asegura que el mandatario “tuvo acciones y las vendió hace un tiempo atrás. Esto fue el 2009 antes de ser presidente”.
Ante este cúmulo de citas, la defensa de Ponce destaca que, por una parte el presidente reconoce haber tenido acciones, pero que había vendido antes de asumir su cargo y, por otra, que los antecedentes relativos a operaciones que han sido objeto de formulación de cargos en contra de sus representado, darían cuenta del presidente en las mismas. “Por lo tanto, habida consideración de la norma legal antes citada y de la jurisprudencia administrativa, dicho interés podría restar imparcialidad a ese Superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.
Operaciones antes del fideicomiso
La solicitud de la defensa de Ponce enumera una serie de operaciones en las que habrían participado sociedades de inversión y que estarían dentro del período investigado por la SVS. Sin embargo, acusan que el regulador no habría mencionado esta situación en la formulación de cargos, siendo que también habrían actuado como vendedoras o compradores en alguna de las operaciones por las que se cuestiona a su defendido.
El escrito plantea varias operaciones, entre ellas la efectuada el 12 de mayo de 2008. Se trata de la compra por parte de Oro Blanco de 151.227.126 acciones de Calichera-A, representativas del 10,2% del capital accionario de dicha compañía. “Esta compra significó para Oro Blanco un desembolso de más de US$ 159.000.000, que financió principalmente mediante endeudamiento bancario a corto plazo. Por el número de acciones montos involucrados, se trata de una de las operaciones más significativas de todo el período investigado; y por sus consecuencias, de una de las más relevantes para explicar lo acontecido tras la aprobación de los aumentos de capital del año 2008. Es una operación que, lisa y llanamente, desvirtúa la teoría del “esquema” de la Superintendencia (...) Sin embargo, a diferencia de las restantes operaciones analizadas en los cargos, respecto de esta operación en particular, el análisis es prácticamente inexistente. Entre otras cosas, la Superintendencia no analizó el precio de compra, ni las modalidades bursátiles a través de las cuales fue materializada. Tampoco individualizó al vendedor de las acciones. Se limitó, simplemente, a señalar que Oro Blanco compró cierto número de acciones, a cierto precio”.
Según la defensa de Ponce, los análisis que no hizo la SVS habrían permitido advertir que “esta operación se materializó a un precio que habría sido, respectivamente, un 8,2%, 18,9% y 34,9% superior a los valores que la propia Superintendencia tomó como referente de mercado respecto de las restantes operaciones (precios promedios ponderados de los 15, 30 y 60 días bursátiles previos a la operación). Es decir, en esta operación Oro Blanco habría comprado las acciones a un precio que, según el criterio de la Superintendencia, se podría entender como superior al precio de mercado”.
También Labarca y Parodi señalan que la SVS tampoco analizó la modalidad a través de la cual esta transacción fue implementada en bolsa. “Bien pudo haberse realizado a través de remate de características similares o idénticas a los remates que se reprochan en los cargos y merced a los cuales se pretende acusar a nuestro representado”, argumentan.
En este punto del escrito, la defensa de Ponce añade que “los cargos no consignan que los principales vendedores de este importante paquete accionario, por el cual Oro Blanco desembolsó más de US$ 159 millones, habrían sido las sociedades personales de inversión de S.E. el Presidente de la República, Axxion y Bancard”.
Otra de las operaciones que consigna el escrito que ingresó el miércoles a la SVS, es la de Oro Blanco, de fecha 22 de mayo de 2008. “Respecto de dicha operación, simplemente se señala que “Norte Grande adquirió 1.900.000.000 acciones de Oro Blanco, equivalentes a aproximadamente 2,67% del capital de esta última”, por un total aproximado de US$ 26.700.993, y que para financiar esta compra, Norte Grande tuvo que recurrir a endeudamiento bancario adicional. No se consigna, sin embargo, nuevamente, la identidad de los vendedores” (Axxion, Bancard e Inversiones Santa Cecilia), dicen. Tampoco se consigna que el precio pagado por Norte Grande habría sido superior en, respectivamente, un 19%, 24,9% y 35,3% a los referentes de mercado utilizados por la Superintendencia para acusar a nuestro representado”.
Compras tras la venta de 2008
El informe de los abogados de Ponce también describe una serie de compras y ventas de acciones de Oro Blanco y Norte Grande realizadas entre junio de 2008 y abril de 2009, las que habrían sido realizadas por Bancard e Inversiones Santa Cecilia. “Lo cierto es que, durante dicho período, las mencionadas sociedades habrían realizado diversas operaciones, acumulando al mes de abril de 2009 saldos netos a favor, que habrían sido luego transferidos a Moneda Corredores de Bolsa Limitada”. Sobre esta operación, la defensa insiste que la SVS no analizó si Norte Grande u otras sociedades de la cadena de control intervino como comprador o vendedor, ni los precios a que se concretaron, ni las modalidades elegidas para implementarlas.
“Tampoco analizó si alguna de las compras corresponde a los remanentes del aumento de capital que la Superintendencia tanto cuestiona. Por ejemplo, Bancard habría comprado acciones el mismo día, y al mismo precio, en que Norte Grande vendió parte del remanente de aumento de capital del año 2008. Nos referimos a las operaciones de los días 14 y 15 de abril de 2009. En la página 46 de los cargos se incluye un cuadro con el detalle de dichas ventas. Sólo se individualiza a Saint Thomas como comprador de una parte de las acciones, mientras que respecto de los saldos, se señala que habrían sido adjudicados por “Otros” (que se dejan en el anonimato)”, argumenta.
El dueño de las acciones de Moneda Corredores
Los abogados de Julio Ponce piden que se les detalle el mandato que firmó Piñera con Moneda Corredores de Bolsa antes de asumir como presidente. El objetivo de la defensa es conocer si el mandatario, a través de dicho mandato, mantiene acciones de las cascadas.
Sostiene que pese a que el presidente ha señalado que vendió sus acciones, “existen antecedentes que podrían eventualmente indicar que las referidas acciones no habrían sido vendidas, sino que traspasadas a Moneda Corredores de Bolsa Limitada para los efectos de su administración. De conformidad con la información entregada por el departamento de acciones de las compañías, al mes de abril de 2009, Bancard e Inversiones Santa Cecilia figuraban con 1.809.490.590 acciones de Norte Grande y 1.353.868.065 acciones de Oro Blanco. Con fecha 27 de abril de 2009, dichas acciones habrían sido traspasadas a Moneda Corredores de Bolsa Limitada”.
Según el escrito presentado por la defensa, las acciones figurarían hasta la fecha a nombre de Moneda Corredores de Bolsa Limitada. Por lo que, especulan, las sociedades citadas “todavía podrían tener algún tipo de derechos en relación con dichas acciones, como sería por ejemplo, si Moneda Corredores de Bolsa Limitada estuviera obligada a proceder a su restitución, en el evento de que ellas no fueran vendidas antes del término de su mandato”.
Oficiar a Moneda
Finalmente, los abogados de Ponce piden a la SVS una serie de antecedentes e información respecto a la materia de su escrito. En esa misma línea, solicitan al regulador que suspenda el proceso sancionatorio mientras no reciban los documentos que piden para aclarar quiénes intervinieron en las operaciones objeto de investigación.
También pide oficiar a Moneda Corredores de Bolsa Limitada para que remita copia del o de los contratos de administración de cartera discrecional suscritos con Bancard e Inversiones Santa Cecilia, con fecha 24 de abril de 2009, así como “para que informe a qué título y en qué condiciones le fueron transferidas las acciones de Oro Blanco y Norte Grande que antes figuraban a nombre de Bancard e Inversiones Santa Cecilia; si merced a dichas transferencias se efectuó algún desembolso efectivo a favor de dichas sociedades; si las acciones han sido o no vendidas a terceros, y en qué condiciones; y si en definitiva las sociedades Bancard e Inversiones Santa Cecilia mantienen algún tipo de derecho o interés respecto de las mismas”.
La defensa señala que mientras no se entregue la información que solicitan, se suspenda el procedimiento sancionatorio, y en particular, el plazo para presentar los descargos correspondientes a su representado. “En atención a que el plazo para formular descargos vence el próximo 29 de octubre de 2013”, señalan.
Diario Financiero solicitó información sobre la declaración de patrimonio del presidente Piñera a Contraloría, la cual fue despachada por la entidad hace un par de días. En esta se entregan los mandatos, los cuales no detallan las acciones traspasadas al fideicomiso.
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