El Caso Factop suma un nuevo capítulo. Este miércoles, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Miguel Orellana, presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la resolución dictada el 23 de enero de 2025, por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Cheryl Fernández, quien no acogió la solicitud de prisión preventiva sino que arresto domiciliario y arraigo nacional.
En el recurso, el Ministerio Público solicita que se revoque la resolución del tribunal y se imponga la prisión preventiva para Jalaff.
En su apelación, la Fiscalía cuestionó la resolución de la magistrada Cheryl Fernández Albornoz, destacando que incurrió en fallos incorrectos al desestimar los delitos de soborno y lavado de activos.
En su recurso de apelación, el Ministerio Público reafirmó que Álvaro Jalaff cometió el delito de lavado de activos, argumentando que el imputado recibió y ocultó dineros de origen ilícito mediante un esquema de triangulación financiera y emisión de facturas ideológicamente falsas.
“Álvaro Jalaff recibió financiamiento irregular de parte de la empresa Factop, simulando operaciones de factoring, emitiendo y recibiendo facturas ideológicamente falsas con diversas de sus empresas. Estas facturas fueron entregadas a terceros creyendo que tenían un sustento comercial real.”.
La apelación detalló los hechos que sustentan esta acusación, destacando la manipulación de registros contables, el uso de empresas para simular operaciones de factoring y el traspaso de fondos a cuentas en el extranjero.
Según el documento de Fiscalía, Jalaff habría utilizado Factop como fachada para captar dinero de inversionistas prometiendo altas tasas de retorno mientras simulaba legitimidad en las operaciones. Así, apuntó que las facturas fueron emitidas sin respaldo comercial real y se entregaron a terceros, quienes desconocían su falta de sustento, causando perjuicio económico tanto a los inversionistas como a las sociedades tenedoras de dichos documentos.
La Fiscalía también enfatizó que Álvaro Jalaff empleó los fondos ilícitos para realizar inversiones, adquirir bienes muebles e inmuebles y saldar deudas personales.
En su presentación, el Ministerio Público subrayó que el imputado ocultó y disimuló el origen ilícito de los dineros mediante maniobras como la triangulación entre sus empresas y el uso intensivo de dinero en efectivo, los traspasos de dineros a cuentas en el extranjero; y el ocultamiento y triangulación de dineros captados en la serie B del Fondo Capital Estructurado I.
En su apelación la Fiscalía reiteró el delito de soborno atribuido a Álvaro Jalaff, señalando que, en conjunto con Daniel Sauer y Luis Hermosilla, habrían pagado a María Leonarda Villalobos para que, en coordinación con el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Patricio Mejías, investigara posibles fiscalizaciones a sus empresas involucradas en facturación ideológicamente falsa.
“Como se ha expuesto, a juicio del Ministerio Público existen antecedentes calificados que permiten al Tribunal considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad”, sostuvo el documento presentado por Fiscalía.
Considerando lo anterior, la petición de Fiscalía es que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva.
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