El conflicto entre la gestora de fondos Cimenta y la Constructora Bravo e Izquierdo continúa avanzando en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM).
Según informó la AGF al mercado, el 15 de septiembre la constructora ingresó una demanda en el organismo en contra de Inmobiliaria Reconquista, sociedad del fondo de Cimenta.
Según los estados financieros de Cimenta, Bravo e Izquierdo sostuvo en la CAM que Reconquista “incumplió gravemente las obligaciones del contrato, respecto del reconocimiento y pago de obras ejecutadas; bloqueo ilegal de acceso a la obra, término anticipado del contrato de mala fe, y cobro ilegal de las boletas de garantía”.
Además, apuntaron que Reconquista “proporcionó proyectos y antecedentes técnicos defectuosos, insuficientes e incompletos, lo cual habría desnaturalizado el contrato suscrito, impactando la ruta crítica del proyecto, por lo que debería declararse terminado el contrato y liquidarse”.
Bravo e Izquierdo pidió una indemnización por UF 242.318, unos $ 8.874 millones.
El conflicto se inició el 5 de julio, cuando Reconquista puso término anticipado al contrato suscrito con Bravo e Izquierdo a comienzos de 2021, para desarrollar un edificio de Senior Suites en Avenida La Dehesa.
La versión de la AGF
Consultados por DF, desde Cimenta señalaron que “la constructora vulneró el contrato y solicitó de manera arbitraria cinco extensiones de plazo, el último de los cuales postergaba la entrega de las obras hasta febrero de 2024, sin justificación razonable”.
La gestora acusó el incumplimiento en los objetivos semanales de trabajo, la falta permanente de personal y la presentación de obras adicionales con costos de materiales “no acordes a valores reales”, entre otras eventuales faltas de la constructora.
Según explicó la AGF, la obra de Senior Suites tiene un año de atraso en su entrega, lo que se traduciría en que “efectivamente se retrasó más de un año la puesta en marcha de nuestro proyecto, significando un severo perjuicio económico para Cimenta”.
Añadieron que “se debió contratar a una nueva constructora para dar término a la obra, lo que ha significado un gasto adicional por las condiciones en que ha debido firmarse este nuevo contrato”.
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Cristóbal Muñoz
