Después de semanas sin mayores novedades en el proceso, la Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos el viernes contra otros ejecutivos e intermediarias de valores en el marco de la investigación administrativa por el caso Cascadas, reafirmando así su hipótesis de la existencia de un esquema de operaciones que funcionaba en contra del interés de los accionistas minoritarios de las sociedades que controlan SQM.
Bajo este escenario, el abogado defensor de Julio Ponce, Raimundo Labarca, afirma que no habrá un cambio de estrategia para enfrentar el caso, que en su opinión, corresponde a “una teoría inventada por la SVS”.
Por su parte, asegura que el dictamen de la Contraloría sobre la legalidad del procedimiento, obliga a la SVS a continuar el proceso por un marco regulatorio que antes no estaba siguiendo.
- ¿Hay cambios en la estrategia de la defensa luego de las nuevas formulaciones de cargos?
- En cuanto al tema de fondo no implica ningún cambio, sí debiera producirse un cambio en cuanto al procedimiento, porque entiendo que los nuevos formulados lo han sido por hechos idénticos a los que se le imputan a mi cliente, dentro del paraguas de la teoría del esquema que inventó la Superintendencia.
- ¿Qué les pareció el dictamen de Contraloría que decidió no pronunciarse sobre el requerimiento?
- El contralor, si bien optó por no pronunciarse sobre las peticiones concretas que le habíamos formulado, hizo algo que para nosotros es lo relevante de este dictamen, que fue básicamente encausar este procedimiento dentro del ordenamiento jurídico aplicable y fijó las reglas conforme a las cuales se debe llevar adelante el proceso.
- ¿Lo que ustedes buscaban era que se detuviera el proceso?
- Ese era uno de los propósitos. Básicamente decía que nuestro proceso administrativo no podía seguir adelante en tanto no se concluyera la investigación, que fue lo que dijo el superintendente en su comunicado de prensa cuando nos formuló cargos.
La segunda petición estaba referida a la aplicación de la ley 19.880 en todo lo que dice relación con la tramitación del expediente y la presentación de las pruebas.
- Pero no se declaró la ilegalidad y sólo le puso un marco normativo. ¿Quedan tranquilos con el dictamen?
- Para nosotros eso es suficiente, porque es un claro mandato del contralor al superintendente, en cuanto a que tiene que aplicar esta ley, y si lo hace, obviamente no va a seguir cometiendo los abusos que ha cometido hasta el minuto, así que nosotros nos quedamos tranquilos.
- ¿Cuál es la diferencia de cómo la SVS debería seguir el proceso después de conocido el dictamen?
- En términos prácticos, esto significa que el superintendente no va a poder tramitar este procedimiento como se le antoje y se va a tener que ceñir a los términos de la Ley 19.880, tal como lo dice expresamente el dictamen de la Contraloría.
- En cuanto a la estrategia, ¿qué modificaciones implica este dictamen?
- Este dictamen implica que el superintendente debiera revisar sus actos anteriores y determinar si aplicó o no la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos y, en cualquier caso, para el futuro, las tiene que aplicar. Por ejemplo, las pruebas ya no se van a rendir en función de lo que diga el superintendente, sino que en función del derecho a defensa que tienen los imputados de cargos.
- ¿Pero la aplicación de la Ley 19.880 no es retroactiva?
- El dictamen dice que debe seguir las normas de la Ley 19.880, por lo tanto, siendo ésta una orden vinculante, lo que debiera hacer el superintendente es revisar los actos administrativos que ha dictado con anterioridad a esta fecha, ver si efectivamente se adhieren a la norma citada y actuar en consecuencia, dejando sin efecto aquellos en los que no se ha aplicado esta ley.
- ¿Cuáles son esos actos que debiera invalidar?
- Todo lo relativo a la rendición de las pruebas. El superintendente tiene que entender que mi cliente puede hacer valer todas las pruebas que estime convenientes respecto de los hechos que él mismo nos obligó a fijar y no se puede transformar en el censor de cada prueba. A modo general, el superintendente incumplió la ley porque nos obligó a nosotros a determinar los hechos sobre los cuales recae la prueba, en circunstancia que la ley lo obligaba a él.
La carga de la prueba es siempre de la Superintendencia, y lo que ocurre es que la ley le da el derecho al formulado de cargos, a probar los hechos que estime pertinentes.
- ¿Podrían recurrir nuevamente a Contraloría?
- Por supuesto. Ese también es un mensaje que mandó el contralor en su dictamen. Dice que es un proceso que está vigente y, por lo tanto, cuando concluya, él sí tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad del proceso.
- ¿De haber sanciones de la SVS, van a apelar?
- Sí, por supuesto que lo haremos.
Nueva arista: la querella de Moneda
En una nueva arremetida, Moneda presentó el viernes una querella criminal por transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado, y uso de información privilegiada en contra de Ponce, Motta, Contesse Fica y Guzmán.
- ¿Qué les parece la presentación de la querella criminal?
- Cada uno puede ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes, pero viniendo de Moneda, no me extrañaría que no tenga fundamento.
- ¿Pero les complica esta una nueva arista?
- Es una nueva acción judicial, me imagino que de ser declarada admisible por el tribunal de garantía competente, los antecedentes se le debieran remitir al fiscal José Morales, que lleva la tramitación de las demás investigaciones que están vigentes hoy en el Ministerio Público.
- ¿Ya declararon ante el fiscal por la querella contra la SVS?
- En enero declaré junto a Alejandro Parodi. Entendemos que están citados a declarar los funcionarios de la Superintendencia la próxima semana.
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