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REGÍSTRATE AQUÍDesde la auditora calificaron la nueva sanción como “totalmente improcedente”.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 26 de febrero de 2014 a las 05:00 hrs.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó una multa de UF 2.000 ($ 47 millones) a la auditora PriceWaterhouse Coopers (PwC) y de UF 1.500 ($ 35,2 millones) a su socio Alejandro Joignant Pacheco por infracción a las normas del Reglamento y la Ley de Sociedades Anónimas, en el marco del caso La Polar.
La sanción se sustenta en las anomalías que detectó la SVS tras la revisión del informe de auditoría externa realizada por PwC, la cual estaba a cargo de Joignant, a los estados financieros de La Polar correspondientes al 31 de diciembre de 2009.
En definitiva, el documento afirma que “se pudo determinar la posible existencia de una serie de transgresiones a la normativa (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas -NAGAs-) y deberes de cuidado a que se ven afectas las empresas de auditoría externa”.
Frente a esta nueva sanción, desde la compañía auditora reaccionaron duramente, señalando a través de un comunicado de prensa que “la multa es totalmente improcedente, tanto en razón de los hechos investigados como desde un punto de vista de fondo, debido a que se está sancionando dos veces un mismo hecho ya juzgado, lo que es contrario a los principios más elementales del derecho”.
Hay que recordar que en marzo de 2012 la SVS sancionó a PwC con una multa de 8.000 UF, por infracción a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs), en relación a los art. 239, 240, 246 y 248 de la Ley de Mercado de Valores. Lo anterior, vinculado a la infracción a los deberes de cuidado y obligaciones a que se ven afectados las empresas de auditoría externa y a la falta de diligencia en la realización de los diversos procesos y pruebas de auditoría. En la misma instancia, sancionó al socio Alejandro Joignant con una multa de 6.000 UF.
“Esta situación es de una injusticia y arbitrariedad insostenible, puesto que somos los únicos relacionados al caso La Polar a quienes el superintendente ha decidido aplicar una nueva penalización”, señala el comunicado.
Los afectados pidieron revisar la "idoneidad" de los contratistas que participan en licitaciones estatales. “Así como las compañías extranjeras tienen derecho a exigir certeza jurídica, Chile también puede demandar el cumplimiento íntegro de las obligaciones que asumen en nuestro país”, afirmaron.
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